¿QUIÉN MIENTE ENTONCES?

POR LA LIBERTAD. POR LOS DERECHOS:QUEREMOS PODER HABLAR NUESTRA LENGUA

Esta abierto un debate político, social y mediático en España respecto al uso de las distintas
lenguas en distintos territorios. Las cinco organizaciones sindicales representativas del Cuerpo
Nacional de Policía, que afilian a más de 65.000 miembros en situación administrativa de Activo y
Segunda Actividad, desde comisarios principales a policías, han debatido sobre el asunto del uso
de las distintas lenguas oficiales en España y sobre cómo afecta a sus afiliados, llegando al acuerdo
unánime de emitir el presente documento.
Los cinco sindicatos consideran dignas de respeto y protección, a todas las lenguas y dialectos que
se hablan en España. La Constitución Española así lo reconoce y es la norma legal fundamental del
Estado español y de donde nace la legitimidad de nuestra competencia profesional para proteger
el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. La lengua común
del Estado español es el castellano, y son también lenguas cooficiales en sus respectivos territorios
el catalán, el gallego, el euskera, el aranés y el valenciano, existiendo además otros dialectos en
Baleares o Asturias.
Los miembros del Cuerpo Nacional de Policía han jurado o prometido defender la Constitución y
sus organizaciones sindicales sólo pueden estar constituidas por policías, y en coherencia con ello
la defensa constitucional es un principio básico esencial en nuestra actividad sindical. En la
aplicación de este principio se justifica nuestra demanda de respeto a las libertades individuales,
derechos ciudadanos y protección de los mismos que ejercemos mediante este escrito, por
cuanto, como profesionales al servicio de la Administración General del Estado, dependiente del
Gobierno de España, vemos mermados nuestro derecho al uso de nuestra lengua en algunos
territorios.
No es este el documento donde singularizar casos ni formular las pertinentes denuncias, pero sí
constatamos que los miembros de este Cuerpo que sólo hablan el castellano, cuando son
destinados a Cataluña no pueden continuar sus estudios porque tienen primero que aprender un
nuevo idioma, lo que les produce un retraso de uno o dos cursos, que en muchos casos es el
tiempo que van a permanecer en dicha comunidad autónoma. El mismo problema se plantea si se
produce un traslado por ascenso, comisión de servicio, o en cualquier actividad profesional de
persecución de grupos terroristas o bandas organizadas, que requieran la permanencia en la zona
en cuestión durante largos periodos de tiempo. Si el traslado se produce con hijos pequeños, es en
ellos en quienes repercute negativamente lo que consideramos una discriminación, una falta de
igualdad de oportunidades contraria a la norma fundamental del Estado español. No es aceptable
que en su propio país no pueda un funcionario del Estado central o sus hijos continuar sus
estudios porque la lengua oficial del Estado no se utiliza en una zona del mismo.
Lo que planteamos no es un asunto político, ni tomamos partido por una determinada posición. Lo
que planteamos es la defensa de la libertad por la que trabajamos cada día, la defensa de un
derecho personal que nos es negado, y que queremos ejercer.
No despreciamos, ni atacamos, ni aceptaríamos que se hiciera, las otras lenguas oficiales de
España en sus respetivos territorios como el gallego, el euskera, o el catalán. Un ciudadano
español que quisiera escolarizar a sus hijos o continuar sus estudios en cualquiera de dichas
lenguas en el territorio donde son cooficiales debe tener derecho a ello y el Estado y las leyes así
deben garantizarlo. Y es ese mismo respeto a los derechos individuales y la libertad personal para
quienes quieren hacer uso del castellano, la lengua común, lo que apoyamos con este escrito. No
queremos imponer ni prohibir nada a nadie, pero exigimos respeto a nuestros derechos y a
nuestro idioma, y poder usarlo en todo el territorio nacional, sin que nadie nos lo prohíba ni nos
imponga otra lengua en nuestros estudios, nuestro trabajo o para nuestros hijos.
Los funcionarios públicos de la Administración Central de España hoy no pueden ser discriminados
por hablar castellano, haciéndoles pagar con cuarenta años de retraso las medidas restrictivas,
ataques y prohibiciones contra las otras lenguas que se produjeron en el pasado en la historia de
España. La injusticia y el atentado a las libertades que suponía que un niño no pudiera hablar ni
estudiar en su lengua materna, cualquier que fuera, no se compensa ahora prohibiendo la
posibilidad de estudiar, hablar o rotular en el idioma de todos.
Por ello, nosotros exigimos la libertad y el derecho a ejercer nuestra lengua en todo el territorio de
la nación española sin que nadie nos lo prohíba ni nos imponga otra. Respetamos todas las
lenguas con la misma determinación con la que exigimos respeto al idioma castellano.
Para defender los derechos de nuestros afiliados, instamos a todos los comités de las distintas
comunidades autónomas que se sumen a cuantas plataformas, manifiestos o medidas en defensa
del castellanos se adopten, respetando las demás lenguas cooficiales de España. Instamos el
apoyo jurídico, sindical y de cualquier índole que sea preciso en defensa de los derechos y la
libertad de nuestros afiliados, canalizando y presentando las acciones legales que sean precisas.
Por la libertad y los derechos de nuestra Constitución, en cuya defensa dejamos cada año la vida
en acto de servicio muchos de nosotros, instamos al Gobierno de la nación y a los responsables
políticos, que garanticen a cualquier ciudadano poder hablar, escribir, estudiar y comunicarse en
el idioma que libremente elija. Lo contrario es vulnerar los principios esenciales sobre los que se
asienta la convivencia de nuestro país desde hace 30 años.
Por la libertad y los derechos, ¡Viva la Constitución!
Madrid, 7 de julio de 2008.

Fdo.: Sindicato Unificado de la Policía-Confederación Española de Policía-Unión Federal de Policía-Sindicato Profesional de la Policía-Sindicato de Comisarios de Policía.

Desde luego, si me dan a elegir, sinceramente, creo antes a un honrado policía que a cualquiera de los miembros nuestra conspicua y oligárquica "clase política" .