No puedo negar mi profunda preocupación cuando, de vez en cuando, cada día con más periodicidad, leo u oigo por parte de ciertos sectores, que el tema de la “reforma agraria”, lejos de erigirse en un problema actual, ha quedado relegado a la memoria de los tiempos.
Y esa preocupación es doble:
Por un lado, porque tal afirmación evidencia cuán ajeno a la realidad es quién la ha formulado.
Y, por otro, porque, hoy en día, el problema del campo es mucho más grave y más difícil de solucionar que la llamada “cuestión agraria”, eterno problema de una España no tan lejana.
Si antes el problema se circunscribía a una mera, pero no por ello menos importante, distribución equitativa de la tierra, con el fin de invertir los términos latifundistas, hoy, por el contrario, la dimensión, desde el punto de vista económico y social es mucho más compleja y requiere mayores y más radicales medidas que una mera redistribución que bien se pudiera haber solucionado como una simple y radical expropiación de las tierras a los terratenientes.
1.- La realidad del campo, como presupuesto:
¿Cuál es, pues, la realidad actual del sector agropecuario en España?
En el entorno en el que nos movemos, tanto en su dimensión política (nacional e internacional), como socioeconómica, el campo español ha sufrido una profunda transformación, sin duda, pero tal transformación, aparentemente, modernizadora, en realidad ha devenido con el paso del tiempo, tal y como afirmaban algunos, en un hecho reductible, en el sentido más radical de la palabra.
Es decir: La pretendida y mal llamada modernización del campo, en realidad ha supuesto una serie concatenada de innegables hechos inicuos:
- Reducción significativa de la tierra cultivable en injusta proporción con el incremento exponencial de la salvaje urbanización del ámbito rural.
- El abandono paulatino pero incesante del cultivo de la tierra y de la producción ganadera.
- La escasez de beneficios económicos y aumento salvaje y desproporcionado del coste productivo que determinan, en último término, una injusta contraprestación por el duro esfuerzo del trabajo en el campo.
- El incremento abusivo de los precios finales que ha de satisfacer el consumidor, sin que se consiga, en idéntica proporción, un incremento retributivo al productor, siendo “distraído” dicho beneficio entre ciertos sectores intermediarios que, en modo alguno, garantizan, ni la calidad del producto, ni el justo precio del mismo.
En definitiva: España se ha visto desposeída de su, otrora, rico, aunque mal distribuido, sector primario, quedando éste en manos de grandes empresas multinacionales, en su mayoría extranjeras, que, gracias a la política agropecuaria comunitaria, y el despropósito de nuestros renombrados “politicastros” de turno, ha generado un remanente de pérdidas para el productor, aunque enormes beneficios para el gran Capital, a costa de aquél y del consumidor, último que ha de “pagar el pato” por una carencia absoluta de política económica productiva.
El agricultor se ve, pues, en la necesidad de aceptar cualquier compensación, generalmente escandalosamente exigua, que lejos de calificarse de contraprestación, deviene en una mera indemnización residual por el trabajo duro y efectivamente realizado.
Una vez vendido el producto, el transporte y transformación del mismo pasa por varias manos que, por un lado, diluyen su responsabilidad productiva, convirtiéndose, en algún que otro caso, en agentes especuladores que, en todo caso, generan un excesivo beneficio en manos de aquél que nada o poco ha producido.
En último término, la distribución hasta llegar a manos del consumidor supone un nuevo incremento del coste, lo que, en último término, redunda en perjuicio de la sufrida economía familiar.
2.- Las falsas soluciones:
Y mientras vemos ese panorama, nuestra clase política se devanea los sesos en buscar soluciones que, lejos de solventar el problema de fondo, cual es la falta de producción y justa contraprestación, deja el campo a una mera anécdota histórica residual, fuente, por cierto, de un incremento significativo de pensiones asistenciales.
Es lógico deducir, a la vista de lo expuesto, que lo primero que debería hacer un buen gestor sería partir del presupuesto del conocimiento y reconocimiento de la auténtica realidad del sector, dejando las fantasías infantiles para el “maravilloso mundo de los hermanos Grim”.
Se trata, en primer lugar, de partir de un punto cierto y sustancial de apoyo, cual es ver y saber cuáles son las carencias del campo, las fuentes reales de sus problemas y las potenciales soluciones a la, más que crisis, casi nula existencia de dicho sector primario.
Para un lego en la materia, podría interpretarse que las soluciones actuales, pretendidas por las sucesivas “administraciones” son la única alternativa o resolución de los problemas, sin embargo tales “soluciones”, en realidad, encierran un sucio y oscuro entramado de sinecuras, beneficios inconfesables, necesariamente vinculadas íntimamente con un preocupante despilfarro del erario público.
Mediante la alternativa predominante de la subvención a cualquier precio, pretende imponerse un sistema de dependencia absoluta del campo al sistema público de prestaciones que, lejos de beneficiar al sector, por el contrario, lo condena, más y más, al profundo abismo de la desesperación.
Dicha política, más que política, entendiendo por tal el arte de buscar la solución adecuada a los problemas concretos de los ciudadanos, lo que, en realidad, supone es la distracción de los fondos de todos en beneficio último de unos pocos, cuales son los sectores privados económicamente privilegiados.
Resulta, así, curioso que el engendro de proyecto de Constitución europea, hoy, felizmente, fenecido, aunque solventado, de alguna manera, con la espabilada habilidad de los liberales de turno, mediante un pacto que sustituye traidoramente la voluntad popular de varios pueblos de Europa que, claramente, rechazaron aquél proyecto “jurídico”, ya preveía, y, hoy, consagra la sumisión absoluta del campo español a los intereses del Capital que, con la habilidad que le caracteriza, es capaz de subrogar los justos intereses y derechos de los campesinos y ganaderos por los bastardos intereses de unos pocos privilegiados.
Pues bien: esta política de subvenciones, que defienden tanto unos como otros, tanto otros como unos, ata económicamente al productor y lo condena a morir progresiva, pero ineludiblemente.
Resulta palmario, así, que la política “subvencionista”, lejos de solucionar el problema del campo, por el contrario, lo condena definitivamente a la desaparición.
Las migajas con que el poder político y económico, con la necesaria connivencia de los llamados sindicatos de clase, satisface las justas reivindicaciones de los productores agropecuarios no sólo no resuelven el problema del campo, sino, por el contrario, lo agrava aún más, pues, alargando su agonía, al no proponer soluciones estructurales reales, lo que consigue es un mayor endeudamiento de aquéllos lo que, en definitiva, reduce significativamente el nivel económico de las familias que dependen del campo, abocándolos, en último término al abandono de la producción.
Pero, no nos engañemos, ésa es, precisamente, la intención última de los sectores económicos privilegiados que, apoyados incondicionalmente por la clase política, pretende ahogar al agricultor y ganadero con el ánimo de que abandonen la producción agropecuaria, bien, plegándose a sus ilegítimos intereses económicos, bien favoreciendo la, cada día, más creciente especulación urbanística.
3.- El Cooperativismo agrario, como primer estadio de la Revolución del sector agropecuario:
¿Existe alternativa a la situación actual del campo?
Ciertamente, sí.
Pero es una alternativa que, necesariamente, debe entenderse desde una perspectiva global, en el sentido de que no puede quedarse en definitivo lo que es tan sólo un primer estadio evolutivo hacia la total transformación del campo.
Si lo que se pretende es solucionar definitivamente el problema de la improductividad del campo, entendida por tal la que no produce el rendimiento adecuado para el agricultor o el ganadero, hay que partir del presupuesto de que toda la actividad productiva, desde el inicio de la misma, hasta su último estadio, el consumo, debe estar de tal manera estructurada que impida la infiltración de sectores económicos ajenos que, generalmente, fundamentan su intervención en aspectos puramente especulativos.
Lo primero que es menester erradicar es la injusta sumisión del productor al precio fijado por el Capital, titular de empresas que tienen el monopolio de la transformación de la materia prima, asumiendo, asimismo, generalmente, el transporte y la distribución de aquélla hasta el consumidor.
Y la primera alternativa exige que el productor, agricultor o ganadero, asuma el protagonismo desde el primer estadio del proceso productivo hasta el último estadio, el del consumo.
Se trataría, en definitiva, de que todo el proceso, desde la producción, pasando por la transformación, transporte y venta quede en manos del sector productivo, erradicando, por un lado cualquier elemento ajeno improductivo, puramente especulativo, y, por otro, manteniendo un estricto y justo control del valor del producto y precio final del mismo, con lo que tanto el productor, “in lato sensu”, como el consumidor, saldrían, en definitiva, plenamente satisfechos y beneficiados; el primero, recibiendo la justa contraprestación por el trabajo efectivamente realizado, y el segundo, pagando el justiprecio del producto.
Resulta palmario que tal propuesta produciría una reacción adversa del Capital y de los sectores subvencionados, pero no existe alternativa, a salvo que lo que, en realidad, se pretenda, como considero que así es, es que el campo desaparezca, dejándolo como mero residuo histórico en la memoria de nuestros mayores.
Ambos, política y Capital, van, hoy por hoy, y cada día con mayor y creciente interés, íntimamente unidos.
Se trata de romper dicha íntima e injusta relación, ajena a la auténtica realidad del campo que, lejos de ser un apéndice macroeconómico, como pretenden algunos, debe ser una actividad, no necesariamente artesanal, pero sí primaria, tanto desde el punto de vista productivo como económico.
La generalización del sistema se complementaría con una sindicalización progresiva de sus estructuras, dirección y coordinación de todos y cada uno de los sectores implicados hasta alcanzar un auténtico y fuerte sector primario que sirva de soporte al sector productivo nacional.
Y esa preocupación es doble:
Por un lado, porque tal afirmación evidencia cuán ajeno a la realidad es quién la ha formulado.
Y, por otro, porque, hoy en día, el problema del campo es mucho más grave y más difícil de solucionar que la llamada “cuestión agraria”, eterno problema de una España no tan lejana.
Si antes el problema se circunscribía a una mera, pero no por ello menos importante, distribución equitativa de la tierra, con el fin de invertir los términos latifundistas, hoy, por el contrario, la dimensión, desde el punto de vista económico y social es mucho más compleja y requiere mayores y más radicales medidas que una mera redistribución que bien se pudiera haber solucionado como una simple y radical expropiación de las tierras a los terratenientes.
1.- La realidad del campo, como presupuesto:
¿Cuál es, pues, la realidad actual del sector agropecuario en España?
En el entorno en el que nos movemos, tanto en su dimensión política (nacional e internacional), como socioeconómica, el campo español ha sufrido una profunda transformación, sin duda, pero tal transformación, aparentemente, modernizadora, en realidad ha devenido con el paso del tiempo, tal y como afirmaban algunos, en un hecho reductible, en el sentido más radical de la palabra.
Es decir: La pretendida y mal llamada modernización del campo, en realidad ha supuesto una serie concatenada de innegables hechos inicuos:
- Reducción significativa de la tierra cultivable en injusta proporción con el incremento exponencial de la salvaje urbanización del ámbito rural.
- El abandono paulatino pero incesante del cultivo de la tierra y de la producción ganadera.
- La escasez de beneficios económicos y aumento salvaje y desproporcionado del coste productivo que determinan, en último término, una injusta contraprestación por el duro esfuerzo del trabajo en el campo.
- El incremento abusivo de los precios finales que ha de satisfacer el consumidor, sin que se consiga, en idéntica proporción, un incremento retributivo al productor, siendo “distraído” dicho beneficio entre ciertos sectores intermediarios que, en modo alguno, garantizan, ni la calidad del producto, ni el justo precio del mismo.
En definitiva: España se ha visto desposeída de su, otrora, rico, aunque mal distribuido, sector primario, quedando éste en manos de grandes empresas multinacionales, en su mayoría extranjeras, que, gracias a la política agropecuaria comunitaria, y el despropósito de nuestros renombrados “politicastros” de turno, ha generado un remanente de pérdidas para el productor, aunque enormes beneficios para el gran Capital, a costa de aquél y del consumidor, último que ha de “pagar el pato” por una carencia absoluta de política económica productiva.
El agricultor se ve, pues, en la necesidad de aceptar cualquier compensación, generalmente escandalosamente exigua, que lejos de calificarse de contraprestación, deviene en una mera indemnización residual por el trabajo duro y efectivamente realizado.
Una vez vendido el producto, el transporte y transformación del mismo pasa por varias manos que, por un lado, diluyen su responsabilidad productiva, convirtiéndose, en algún que otro caso, en agentes especuladores que, en todo caso, generan un excesivo beneficio en manos de aquél que nada o poco ha producido.
En último término, la distribución hasta llegar a manos del consumidor supone un nuevo incremento del coste, lo que, en último término, redunda en perjuicio de la sufrida economía familiar.
2.- Las falsas soluciones:
Y mientras vemos ese panorama, nuestra clase política se devanea los sesos en buscar soluciones que, lejos de solventar el problema de fondo, cual es la falta de producción y justa contraprestación, deja el campo a una mera anécdota histórica residual, fuente, por cierto, de un incremento significativo de pensiones asistenciales.
Es lógico deducir, a la vista de lo expuesto, que lo primero que debería hacer un buen gestor sería partir del presupuesto del conocimiento y reconocimiento de la auténtica realidad del sector, dejando las fantasías infantiles para el “maravilloso mundo de los hermanos Grim”.
Se trata, en primer lugar, de partir de un punto cierto y sustancial de apoyo, cual es ver y saber cuáles son las carencias del campo, las fuentes reales de sus problemas y las potenciales soluciones a la, más que crisis, casi nula existencia de dicho sector primario.
Para un lego en la materia, podría interpretarse que las soluciones actuales, pretendidas por las sucesivas “administraciones” son la única alternativa o resolución de los problemas, sin embargo tales “soluciones”, en realidad, encierran un sucio y oscuro entramado de sinecuras, beneficios inconfesables, necesariamente vinculadas íntimamente con un preocupante despilfarro del erario público.
Mediante la alternativa predominante de la subvención a cualquier precio, pretende imponerse un sistema de dependencia absoluta del campo al sistema público de prestaciones que, lejos de beneficiar al sector, por el contrario, lo condena, más y más, al profundo abismo de la desesperación.
Dicha política, más que política, entendiendo por tal el arte de buscar la solución adecuada a los problemas concretos de los ciudadanos, lo que, en realidad, supone es la distracción de los fondos de todos en beneficio último de unos pocos, cuales son los sectores privados económicamente privilegiados.
Resulta, así, curioso que el engendro de proyecto de Constitución europea, hoy, felizmente, fenecido, aunque solventado, de alguna manera, con la espabilada habilidad de los liberales de turno, mediante un pacto que sustituye traidoramente la voluntad popular de varios pueblos de Europa que, claramente, rechazaron aquél proyecto “jurídico”, ya preveía, y, hoy, consagra la sumisión absoluta del campo español a los intereses del Capital que, con la habilidad que le caracteriza, es capaz de subrogar los justos intereses y derechos de los campesinos y ganaderos por los bastardos intereses de unos pocos privilegiados.
Pues bien: esta política de subvenciones, que defienden tanto unos como otros, tanto otros como unos, ata económicamente al productor y lo condena a morir progresiva, pero ineludiblemente.
Resulta palmario, así, que la política “subvencionista”, lejos de solucionar el problema del campo, por el contrario, lo condena definitivamente a la desaparición.
Las migajas con que el poder político y económico, con la necesaria connivencia de los llamados sindicatos de clase, satisface las justas reivindicaciones de los productores agropecuarios no sólo no resuelven el problema del campo, sino, por el contrario, lo agrava aún más, pues, alargando su agonía, al no proponer soluciones estructurales reales, lo que consigue es un mayor endeudamiento de aquéllos lo que, en definitiva, reduce significativamente el nivel económico de las familias que dependen del campo, abocándolos, en último término al abandono de la producción.
Pero, no nos engañemos, ésa es, precisamente, la intención última de los sectores económicos privilegiados que, apoyados incondicionalmente por la clase política, pretende ahogar al agricultor y ganadero con el ánimo de que abandonen la producción agropecuaria, bien, plegándose a sus ilegítimos intereses económicos, bien favoreciendo la, cada día, más creciente especulación urbanística.
3.- El Cooperativismo agrario, como primer estadio de la Revolución del sector agropecuario:
¿Existe alternativa a la situación actual del campo?
Ciertamente, sí.
Pero es una alternativa que, necesariamente, debe entenderse desde una perspectiva global, en el sentido de que no puede quedarse en definitivo lo que es tan sólo un primer estadio evolutivo hacia la total transformación del campo.
Si lo que se pretende es solucionar definitivamente el problema de la improductividad del campo, entendida por tal la que no produce el rendimiento adecuado para el agricultor o el ganadero, hay que partir del presupuesto de que toda la actividad productiva, desde el inicio de la misma, hasta su último estadio, el consumo, debe estar de tal manera estructurada que impida la infiltración de sectores económicos ajenos que, generalmente, fundamentan su intervención en aspectos puramente especulativos.
Lo primero que es menester erradicar es la injusta sumisión del productor al precio fijado por el Capital, titular de empresas que tienen el monopolio de la transformación de la materia prima, asumiendo, asimismo, generalmente, el transporte y la distribución de aquélla hasta el consumidor.
Y la primera alternativa exige que el productor, agricultor o ganadero, asuma el protagonismo desde el primer estadio del proceso productivo hasta el último estadio, el del consumo.
Se trataría, en definitiva, de que todo el proceso, desde la producción, pasando por la transformación, transporte y venta quede en manos del sector productivo, erradicando, por un lado cualquier elemento ajeno improductivo, puramente especulativo, y, por otro, manteniendo un estricto y justo control del valor del producto y precio final del mismo, con lo que tanto el productor, “in lato sensu”, como el consumidor, saldrían, en definitiva, plenamente satisfechos y beneficiados; el primero, recibiendo la justa contraprestación por el trabajo efectivamente realizado, y el segundo, pagando el justiprecio del producto.
Resulta palmario que tal propuesta produciría una reacción adversa del Capital y de los sectores subvencionados, pero no existe alternativa, a salvo que lo que, en realidad, se pretenda, como considero que así es, es que el campo desaparezca, dejándolo como mero residuo histórico en la memoria de nuestros mayores.
Ambos, política y Capital, van, hoy por hoy, y cada día con mayor y creciente interés, íntimamente unidos.
Se trata de romper dicha íntima e injusta relación, ajena a la auténtica realidad del campo que, lejos de ser un apéndice macroeconómico, como pretenden algunos, debe ser una actividad, no necesariamente artesanal, pero sí primaria, tanto desde el punto de vista productivo como económico.
La generalización del sistema se complementaría con una sindicalización progresiva de sus estructuras, dirección y coordinación de todos y cada uno de los sectores implicados hasta alcanzar un auténtico y fuerte sector primario que sirva de soporte al sector productivo nacional.
Francisco Pena
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