AQUÍ NO HAY NEUTRALIDAD
miércoles, 30 de julio de 2008
¡ME CAGO EN SUS MUERTOS!
No voy a hacer ningún comentario, pues creo que con el título es más que suficiente.
¡NAZIS!
MIENTRAS QUE SE DESPILFARRA DINERO PÚBLICO PROMOVIENDO LA IMPOSICIÓN....
SE DESMORONA EL "PARAÍSO" NACIONALSOCIALISTA GALLEGO
CAMINO A LA DICTADURA
Si todavía queda alguien que crea que la Constitución sigue, de hecho, en vigor me temo que su problema supera la mera dificultad para percibir la realidad.
Creo que ya va siendo hora de que tomemos conciencia de que la Rebelión es la única alternativa seria contra el Estado absolutista al que nos quieren llevar.
Cuando España va camino de una dictadura, cuando la Constitución es, sistemáticamente, conculcada, la legitimidad del Gobierno deviene inexistente.
Sólo, pues, la Rebelión Cívica y la ulterior Revolución Democrática permitirán que el pueblo, de nuevo, vuelva a tomar las riendas de su propio destino.
Francisco Pena
¿CASUALIDAD?
martes, 29 de julio de 2008
¿QUIÉN MIENTE ENTONCES?
Esta abierto un debate político, social y mediático en España respecto al uso de las distintas
lenguas en distintos territorios. Las cinco organizaciones sindicales representativas del Cuerpo
Nacional de Policía, que afilian a más de 65.000 miembros en situación administrativa de Activo y
Segunda Actividad, desde comisarios principales a policías, han debatido sobre el asunto del uso
de las distintas lenguas oficiales en España y sobre cómo afecta a sus afiliados, llegando al acuerdo
unánime de emitir el presente documento.
Los cinco sindicatos consideran dignas de respeto y protección, a todas las lenguas y dialectos que
se hablan en España. La Constitución Española así lo reconoce y es la norma legal fundamental del
Estado español y de donde nace la legitimidad de nuestra competencia profesional para proteger
el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. La lengua común
del Estado español es el castellano, y son también lenguas cooficiales en sus respectivos territorios
el catalán, el gallego, el euskera, el aranés y el valenciano, existiendo además otros dialectos en
Baleares o Asturias.
Los miembros del Cuerpo Nacional de Policía han jurado o prometido defender la Constitución y
sus organizaciones sindicales sólo pueden estar constituidas por policías, y en coherencia con ello
la defensa constitucional es un principio básico esencial en nuestra actividad sindical. En la
aplicación de este principio se justifica nuestra demanda de respeto a las libertades individuales,
derechos ciudadanos y protección de los mismos que ejercemos mediante este escrito, por
cuanto, como profesionales al servicio de la Administración General del Estado, dependiente del
Gobierno de España, vemos mermados nuestro derecho al uso de nuestra lengua en algunos
territorios.
No es este el documento donde singularizar casos ni formular las pertinentes denuncias, pero sí
constatamos que los miembros de este Cuerpo que sólo hablan el castellano, cuando son
destinados a Cataluña no pueden continuar sus estudios porque tienen primero que aprender un
nuevo idioma, lo que les produce un retraso de uno o dos cursos, que en muchos casos es el
tiempo que van a permanecer en dicha comunidad autónoma. El mismo problema se plantea si se
produce un traslado por ascenso, comisión de servicio, o en cualquier actividad profesional de
persecución de grupos terroristas o bandas organizadas, que requieran la permanencia en la zona
en cuestión durante largos periodos de tiempo. Si el traslado se produce con hijos pequeños, es en
ellos en quienes repercute negativamente lo que consideramos una discriminación, una falta de
igualdad de oportunidades contraria a la norma fundamental del Estado español. No es aceptable
que en su propio país no pueda un funcionario del Estado central o sus hijos continuar sus
estudios porque la lengua oficial del Estado no se utiliza en una zona del mismo.
Lo que planteamos no es un asunto político, ni tomamos partido por una determinada posición. Lo
que planteamos es la defensa de la libertad por la que trabajamos cada día, la defensa de un
derecho personal que nos es negado, y que queremos ejercer.
No despreciamos, ni atacamos, ni aceptaríamos que se hiciera, las otras lenguas oficiales de
España en sus respetivos territorios como el gallego, el euskera, o el catalán. Un ciudadano
español que quisiera escolarizar a sus hijos o continuar sus estudios en cualquiera de dichas
lenguas en el territorio donde son cooficiales debe tener derecho a ello y el Estado y las leyes así
deben garantizarlo. Y es ese mismo respeto a los derechos individuales y la libertad personal para
quienes quieren hacer uso del castellano, la lengua común, lo que apoyamos con este escrito. No
queremos imponer ni prohibir nada a nadie, pero exigimos respeto a nuestros derechos y a
nuestro idioma, y poder usarlo en todo el territorio nacional, sin que nadie nos lo prohíba ni nos
imponga otra lengua en nuestros estudios, nuestro trabajo o para nuestros hijos.
Los funcionarios públicos de la Administración Central de España hoy no pueden ser discriminados
por hablar castellano, haciéndoles pagar con cuarenta años de retraso las medidas restrictivas,
ataques y prohibiciones contra las otras lenguas que se produjeron en el pasado en la historia de
España. La injusticia y el atentado a las libertades que suponía que un niño no pudiera hablar ni
estudiar en su lengua materna, cualquier que fuera, no se compensa ahora prohibiendo la
posibilidad de estudiar, hablar o rotular en el idioma de todos.
Por ello, nosotros exigimos la libertad y el derecho a ejercer nuestra lengua en todo el territorio de
la nación española sin que nadie nos lo prohíba ni nos imponga otra. Respetamos todas las
lenguas con la misma determinación con la que exigimos respeto al idioma castellano.
Para defender los derechos de nuestros afiliados, instamos a todos los comités de las distintas
comunidades autónomas que se sumen a cuantas plataformas, manifiestos o medidas en defensa
del castellanos se adopten, respetando las demás lenguas cooficiales de España. Instamos el
apoyo jurídico, sindical y de cualquier índole que sea preciso en defensa de los derechos y la
libertad de nuestros afiliados, canalizando y presentando las acciones legales que sean precisas.
Por la libertad y los derechos de nuestra Constitución, en cuya defensa dejamos cada año la vida
en acto de servicio muchos de nosotros, instamos al Gobierno de la nación y a los responsables
políticos, que garanticen a cualquier ciudadano poder hablar, escribir, estudiar y comunicarse en
el idioma que libremente elija. Lo contrario es vulnerar los principios esenciales sobre los que se
asienta la convivencia de nuestro país desde hace 30 años.
Por la libertad y los derechos, ¡Viva la Constitución!
Madrid, 7 de julio de 2008.
DE COÑA....
Yo no comento, porque me río.....
APRETÁNDOSE EL CINTURÓN......
A ÉSTO LE LLAMAN "SOLIDARIDAD" CON "LATINOAMÉRICA"
Si se me permite, un consejo para nuestros amados hermanos de Hispanoamérica.....yo, de vosotros, los mandaría a todos "a la puta calle".....que vayan a robar a Sierra Morena.....
¡AMÉN
PARA ÉSTO NO HAY DINERO.....
lunes, 28 de julio de 2008
¡MIRA QUIÉN FUE A HABLAR!
PARA CONTINUAR CON LA TRADICIÓN.....
EL FINAL DE UNA FARSA
SI "EL PAÍS" LO DICE.....
.... es que ya va siendo hora de empezar a "acojonarse"......
EL PP MÁS POLÍTICAMENTE CORRECTO.....
Que cada cual saque sus propias conclusiones......que yo, las mías, ya ha tiempo que las he sacado.....
En cualquier caso, creo que a nadie se le escapa ya que la "clase política" está cada día más "invertida".
Repito......
¡CÉNTIMO A CÉNTIMO....Y SI LA CAJA NO CUADRA......ANCHA ES CASTILLA!
viernes, 25 de julio de 2008
...Y ESPAÑA SIGUE COJONUDAMENTE BIEN...
El desempleo emprendió una tendencia alcista en el tercer trimestre de 2007, después de haberse colocado en un mínimo histórico del 7,95%, debido a la crisis en el sector inmobiliario y de la construcción y a la ralentización generalizada de la economía.
La tasa del 10,44%, anunciada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), contrasta con el 9,6% registrado en los primeros tres meses de 2008. Se trata del mayor nivel de desempleo desde finales de 2004, cuando se situó en un 10,56%
Por otra parte, el gobierno anunció este jueves una revisión a la baja de las perspectivas económicas para 2008 y 2009...."
PERSECUCIÓN Y ACOSO NACIONALSOCIALISTA
Como fruto maduro previsible, consecuencia necesaria de la política impositiva del gobierno nacionalsocialista de Galicia, con la impagable connivencia parlamentaria del partido popular, los "cachorros" de la clase oligárquica político-independentista amenazan y coaccionan a la familia de nuestro gran profesional del ciclismo Óscar Pereiro, pura y llanamente por haber ejercido la libertad de firmar un manifiesto.
Parece ser que a los brazos ejecutores del fascismo no les interesa que un trabajador honrado de el "mal ejemplo" de apoyar la libertad frente a la dictadura.
Ellos, como consecuencia de la política nacionalsubvencionista del actual gobierno fascista, están acostumbrados a apoyar a vagos, maleantes o mariconas varias que son los nuevos ídolos de la nueva y futura juventud nacionalsocialista.
¡FRENTE A LA IMPOSICIÓN, REBELIÓN!
¡MUERTE AL ESTALINISMO!
miércoles, 23 de julio de 2008
YO FIRMO
Desde hace algunos años hay crecientes razones para
preocuparse en nuestro país por la situación institucional de la
lengua castellana, la única lengua juntamente oficial y común de
todos los ciudadanos españoles. Desde luego, no se trata de una
desazón meramente cultural –nuestro idioma goza de una pujanza
envidiable y creciente en el mundo entero, sólo superada por el
chino y el inglés- sino de una inquietud estrictamente política: se
refiere a su papel como lengua principal de comunicación
democrática en este país, así como de los derechos educativos y
cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con
todo derecho como vehículo preferente de expresión, comprensión
y comunicación.
Como punto de partida, establezcamos una serie de
premisas:
1) Todas las lenguas oficiales en el Estado son
igualmente españolas y merecedoras de protección
institucional como patrimonio compartido, pero sólo
una de ellas es común a todos, oficial en todo el
territorio nacional y por tanto sólo una de ellas –el
castellano- goza del deber constitucional de ser
conocida y de la presunción consecuente de que
todos la conocen. Es decir, hay una asimetría entre
las lenguas españolas oficiales, lo cual no implica
injusticia (?) de ningún tipo porque en España hay
diversas realidades culturales pero sólo una de
ellas es universalmente oficial en nuestro Estado
democrático. Y contar con una lengua política
común es una enorme riqueza para la democracia,
aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo
histórico en todo el país y de tanta vigencia en el
mundo entero como el castellano.
2) Son los ciudadanos quienes tienen derechos
lingüisticos, no los territorios ni mucho menos las
lenguas mismas. O sea: los ciudadanos que hablan
cualquiera de las lenguas co-oficiales tienen
derecho a recibir educación y ser atendidos por la
administración en ella, pero las lenguas no tienen
el derecho de conseguir coactivamente hablantes
ni a imponerse como prioritarias en educación,
información, rotulación, instituciones, etc… en
detrimento del castellano (y mucho menos se
puede llamar a semejante atropello “normalización
lingüística”).
3) En las comunidades bilingües es un deseo
encomiable aspirar a que todos los ciudadanos
lleguen a conocer bien la lengua co-oficial, junto a
la obligación de conocer la común del país (que
también es la común dentro de esa comunidad, no
lo olvidemos). Pero tal aspiración puede ser
solamente estimulada, no impuesta. Es lógico
suponer que siempre habrá muchos ciudadanos
que prefieran desarrollar su vida cotidiana y
profesional en castellano, conociendo sólo de la
lengua autonómica lo suficiente para convivir
cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible
de las manifestaciones culturales en ella. Que
ciertas autoridades autonómicas anhelen como
ideal lograr un máximo techo competencial bilingüe
no justifica decretar la lengua autonómica como
vehículo exclusivo ni primordial de educación o de
relaciones con la administración pública. Conviene
recordar que este tipo de imposiciones abusivas
daña especialmente las posibilidades laborales o
sociales de los más desfavorecidos, recortando sus
alternativas y su movilidad.
4) Ciertamente, el artículo tercero, apartado 3, de la
Constitución establece que “las distintas
modalidades lingüísticas de España son un
patrimonio cultural que será objeto de especial
respeto y protección”. Nada cabe objetar a esta
disposición tan generosa como justa, proclamada
para acabar con las prohibiciones y restricciones
que padecían esas lenguas. Cumplido
sobradamente hoy tal objetivo, sería un fraude
constitucional y una auténtica felonía utilizar tal
artículo para justificar la discriminación,
marginación o minusvaloración de los ciudadanos
monolingües en castellano en alguna de las formas
antes indicadas.
Por consiguiente los abajo firmantes solicitamos del
Parlamento español una normativa legal del rango adecuado (que
en su caso puede exigir una modificación constitucional y de
algunos estatutos autonómicos) para fijar inequívocamente los
siguientes puntos:
1) La lengua castellana es común y oficial a todo el
territorio nacional, siendo la única cuya
comprensión puede serle supuesta a cualquier
efecto a todos los ciudadanos españoles.
2) Todos los ciudadanos que lo deseen tienen
derecho a ser educados en lengua castellana, sea
cual fuere su lengua materna. Las lenguas cooficiales
autonómicas deben figurar en los planes
de estudio de sus respectivas comunidades en
diversos grados de oferta, pero nunca como lengua
vehicular exclusiva. En cualquier caso, siempre
debe quedar garantizado a todos los alumnos el
conocimiento final de la lengua común.
3) En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano
español tiene derecho a ser atendido
institucionalmente en las dos lenguas oficiales. Lo
cual implica que en los centros oficiales habrá
siempre personal capacitado para ello, no que todo
funcionario deba tener tal capacitación. En locales
y negocios públicos no oficiales, la relación con la
clientela en una o ambas lenguas será discrecional.
4) La rotulación de los edificios oficiales y de las vías
públicas, las comunicaciones administrativas, la
información a la ciudadanía, etc…en dichas
comunidades (o en sus zonas calificadas de
bilingües) es recomendable que sean bilingües
pero en todo caso nunca podrán expresarse
únicamente en la lengua autonómica.
5) Los representantes políticos, tanto de la
administración central como de las autonómicas,
utilizarán habitualmente en sus funciones
institucionales de alcance estatal la lengua
castellana lo mismo dentro de España que en el
extranjero, salvo en determinadas ocasiones
características. En los parlamentos autonómicos
bilingües podrán emplear indistintamente, como es
natural, cualquiera de las dos lenguas oficiales.
lunes, 21 de julio de 2008
LA NUEVA CÚPULA MILITAR....
viernes, 18 de julio de 2008
¡CON LA ÉTICA HEMOS TOPADO!
Francisco Pena
ADIOS A "GALICIA BILINGÜE"
Francisco Pena
HE AQUÍ A LOS "AMIGOS" DE ZP
Francisco Pena
¿ALGUNA VEZ EXISTIÓ EL "11 M"?
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/07/17/espana/1216285795.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/07/17/espana/1216318231.html
....que cada cual saque su propias conclusiones....
¡AMÉN!
Francisco Pena
jueves, 17 de julio de 2008
LOS MODERNOS CAMPOS DE EXTERMINIO
EL ESTADO FASCISTA YA TIENE EL AVAL JURÍDICO
miércoles, 16 de julio de 2008
¡ESPAÑA VA BIEN!
Mientras que otros 1.100 trabajadores se van "a la puta calle"....unos y otros, gobierno, oposición y sindicatos miran para el otro lado.....
¡REBELIÓN!
Francisco Pena
ÉSTOS SON LOS ÍDOLOS DE LA JUVENTUD....
..... CAPITALISTAS, SODOMITAS Y DROGADICTOS.....vamos, lo mejor de cada casa.....
Francisco Pena
¡A VER SI POR FIN NOS ALEGRA EL DÍA!
....respetemos su voluntad......
¡AMÉN!
Francisco Pena
¡SANTIAGO Y CIERRA ESPAÑA!
¡MUERTE AL NACIONALSOCIALISMO!
¡ESPAÑA E HISPANOAMÉRICA, UNIDAS POR UN ÚNICO CORAZÓN!
¡SANTIAGO Y CIERRA ESPAÑA!
LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA EN ESPAÑA (1931-1939)
Esta persecución no irrumpió como un rayo en un cielo sin nubes. Al contrario, fue preparada por un hostigamiento permanente desde el siglo XIX, que alcanzó su máxima intensidad durante la II República. La acción anticristiana comenzó, apenas llegado el nuevo régimen, con la célebre quema de conventos, bibliotecas, obras de arte y centros de enseñanza, protegida por la inhibición de la fuerza pública. Pero lo más grave no fueron los delitos mismos, con ser gravísimos, sino la autoidentificación casi unánime de las izquierdas con los delincuentes, a quienes otorgaron el título de «el pueblo». Y como el pueblo es soberano, los delincuentes se convertían así en soberanos de la nueva situación. No creo exagerar en lo más mínimo, pues tal identificación constituye el prólogo de actos todavía peores. Luego las izquierdas rompieron las normas democráticas que decían representar, con una Constitución no laica sino anticatólica, la cual reducía a los clérigos a ciudadanos de segunda y permitía usar el poder, ilegítimamente, para asfixiar a la Iglesia, vulnerando de paso las libertades políticas.
Los años siguientes, sobre todo con ocasión de la insurrección de octubre de 1934 - verdadero comienzo de la guerra civil- y el triunfo del Frente Popular en febrero del 36, volvieron los incendios de templos y comenzó la matanza de clérigos, más de treinta en Asturias; y episodios significativos como el de los caramelos envenenados, cuando algunos agitadores soliviantaron a las masas con el cuento de que las monjas distribuían tales caramelos a los niños, provocando así un motín con algún muerto y heridos. La propaganda anticatólica cobró mayor virulencia. Es decir, la sangrienta persecución lanzada al reanudarse la guerra civil en julio de 1936 solo culminó una preparación de años. Poco después de la victoria del Frente Popular, el periódico satírico La traca publicó esta encuesta: «¿Qué haría usted con la gente de sotana?». Vale la pena citarla como botón de muestra, pues incluye 345 respuestas del siguiente tenor: «Cocerlos como se cuecen los capachos; los prensaba y luego el jugo que soltaran lo quemaba, y con las cenizas y pólvora cañoneaba el palacio del Papa». «Pelarlos, cocerlos, ponerlos en latas de conserva y mandarlos como alimento a las tropas italianas fascistas de Abisinia». «Darles una buena paliza de quinientos palos a la salida del sol de cada día».
«Lo que se hace con las uvas: a los buenos colgarlos, y a los malos pisotearlos hasta que no les quedara una gota de sangre». «Castrarlos, hacerles tirar de un carretón, hacerlos en salsa y darlos a comer a Gil Robles y al ex ministro Salmón». «Hacerles sufrir pasión y muerte, como Cristo, a ver si, como dignos representantes suyos, lo sufrían con aquella resignación del Nazareno. Si le imitaban en todo, entonces, después de muertos, sería cuando creería en ellos». «¡Pobrecitos curas! Es tanto lo que les quiero, que uno a uno los haría colgar de la torre de mi pueblo para que no hicieran más crímenes, que bastantes han hecho ¡Canallas!». «Ponerlos en los cables de luz eléctrica, rociarlos con gasolina, pegarles fuego y después hacer morcillas de ellos para alimento de las bestias». «Castrarlos. Molerlos. Hervirlos. Hacerlos zurrapas. Echarlos a la estercolera».
Y así sucesivamente. Las respuestas venían de todo el país, con sus correspondientes firmas, lo que revela dos cosas: el profundo «envenenamiento de la conciencia de los trabajadores», denunciado por el socialista Besteiro, y la sensación de impunidad que se iba adueñando de aquella gente. De ningún modo se trataba de desahogos grotescos y bravucones, pues actos muy similares se pondrían en práctica pocos meses después. Aquella propaganda incesante creó el ambiente para la gran matanza.
El anticatolicismo, no simple anticlericalismo, era el rasgo más propio de las izquierdas y los separatistas catalanes, su cemento de unión por encima de tantas rivalidades como los separaban hasta llevarlos a verdaderas guerras civiles entre ellos. No toda la izquierda, claro está, odiaba a la Iglesia con el mismo grado de intolerancia, pero incluso la más moderada veía con simpatía o indiferencia aquellas conductas y, en el mejor de los casos, se contentaba con abstenerse. Los más tradicionales comecuras eran las izquierdas republicanas, la Esquerra catalana y los anarquistas, mientras que socialistas y comunistas sostenían conceptos algo más pragmáticos que, desde luego, no excluyeron, llegado el momento, su participación de primera fila de la persecución.
***
Este hostigamiento brutal, antidemocrático y sistemático, inclinó al grueso de la Iglesia al bando nacional, que salió en su defensa, frente al revolucionario empeñado en exterminarla. No fue, con todo, una postura unánime. Algunos sacerdotes izquierdistas y bastantes otros separatistas vascos y catalanes trataron de disimular la masacre o justificarla con diversos argumentos y, en esa medida, contribuyeron a ella.
Me extenderé un momento sobre estos últimos: en Cataluña se dio el caso curioso de que la Esquerra, pese a su intenso jacobinismo, hiciera lo posible por salvar a los curas nacionalistas. Un informe al cardenal Gomá, guardado en su archivo y recientemente publicado por José Andrés-Gallego y A. M. Pazos, dice: «Ha llamado poderosamente la atención el hecho de que los sacerdotes militantes del catalanismo hayan salido todos indemnes, mientras sucumbían a centenares sus hermanos». Cabe dudar de que todos los nacionalistas salieran indemnes, pero hubo una operación política para favorecerlos, excluyendo a los curas catalanes no nacionalistas. El propio Vidal i Barraquer pudo librarse, dejando abandonado, al parecer por un malentendido, a su obispo auxiliar, Manuel Borrás, asesinado poco después. El nacionalismo de Vidal, comenta Azaña, «llega a extremos chistosos. No ve con malos ojos la disolución de los jesuitas, pero estima que ha podido hacerse una excepción con los jesuitas de Cataluña, que son de otra manera, y, por supuesto, mejores».
La solidaridad de los clérigos nacionalistas con los martirizados fue escasa, si acaso existió. Madariaga cita a una de sus «lumbreras», como lo llama, acaso el mismo Vidal i Barraquer: «Los revolucionarios han destruido las iglesias, pero el clero había destruido primero a la Iglesia». No se entiende cómo pudo ocurrir aquello. Los revolucionarios no solo destruyeron iglesias, sino que masacraron a los sacerdotes. ¿Por qué tenían que hacerlo si los sacerdotes habían servido tan bien a sus designios de arrasar la Iglesia? ¿No debieran haber premiado y felicitado, más bien, a aquel clero tan conveniente para ellos? Al final de estas retorcidas justificaciones queda, de un modo oscuro y contradictorio, la vieja pretensión de presentar a las víctimas como culpables. Posturas que seguimos viendo hoy en el fraile ideólogo Hilari Raguer, por ejemplo.
O en el clero nacionalista vasco. Buena parte de él se sentía estrechamente ligado al PNV, en el cual veía un defensor de la religiosidad de los vascos, considerados una especie de nuevo «pueblo elegido». Quien quizá expresó mejor su insolidaridad radical fue el muy católico Irujo, ministro de Justicia en el Frente Popular, con una propuesta de decreto encaminada a mejorar la imagen de las izquierdas en el extranjero: «La pasión popular, confundiendo la significación de la Iglesia con la conducta de muchos de sus prosélitos, [hizo] imposible en estos últimos tiempos el ejercicio normal del derecho de libertad de conciencia y práctica del culto». La matanza y destrucción sistemáticas quedaban reducidas, para ventaja de la propaganda de los perseguidores, a la simple eliminación del derecho al culto, atribuido, además, a una «confusión popular». Las víctimas, por su «conducta», habían merecido de algún modo el castigo.
Al revés que los nacionalistas de álava y Navarra, los de Guipúzcoa y Vizcaya, creyendo en la victoria de los revolucionarios, optaron por éstos a cambio de un estatuto de autonomía, que se proponían conculcar aprovechando las circunstancias. Cuando los navarros ocuparon Guipúzcoa, la autoridad militar fusiló a 12 ó 14 sacerdotes nacionalistas por sus actividades políticas. El PNV y el clero adicto hicieron grandes protestas en la prensa extranjera y en el Vaticano, apoyándose en sectores «progresistas», especialmente franceses, pese al carácter tradicionalmente muy reaccionario y antiliberal del nacionalismo vasco. Franco cortó los fusilamientos, pero el clero peneuvista persistió en su campaña para negarle el carácter de defensor de la Iglesia. En realidad, el clero separatista se desentendió de la suerte de los sacerdotes perseguidos, justificando de diversos modos su matanza.
El proyecto de decreto de Irujo señalaba, además: «Una parte de la Iglesia católica, concretamente la de Euzkadi, ha sabido en todo momento cumplir su misión religiosa con el máximo respeto al Poder civil (…) Por eso no ha sufrido el más leve roce con sus intereses». Estas frases eran tan falsas como la anterior. En la zona bajo autoridad del PNV habían sido asesinados nada menos que 55 sacerdotes que, por ser ajenos al separatismo, no merecieron atención reivindicativa ni protesta del clero ni de los políticos sabinianos, tan clamorosos por los fusilados en Guipúzcoa. Otros muchos religiosos vascos fueron masacrados en el resto del país ante la misma fundamental indiferencia de los clérigos nacionalistas.
Desde luego, Irujo hizo aquí y allá algunas gestiones en favor de los perseguidos y algunas denuncias ocasionales. Por ellas ha recibido un reconocimiento algo excesivo, si las comparamos con su política básica de ocultación de la verdad, de connivencia con los perseguidores desde el gobierno, y de apoyo a la propaganda revolucionaria, todo ello sin protesta alguna de los religiosos peneuvistas, que yo sepa. Pues esta connivencia de hecho constituía la contrapartida de las vulneraciones del estatuto por el PNV, como exponía el lendacari Aguirre ante las protestas de las autoridades izquierdistas: «Euzkadi sirvió con su ejemplo de único argumento en el exterior, invocado tantas veces en la Sociedad de Naciones y por numerosos políticos, incluso comunistas, como la señora Ibárruri en sus mítines de propaganda exterior». Los servicios prestados por el PNV y su clero al Frente Popular fueron muy estimables, pero las izquierdas creían excesivo el pago que por ellos se tomaban los sabinianos. Estos precedentes, creo, ayudan a entender sucesos más recientes.
***
La persecución, tan apasionada y sistemática, no respondía al odio político, pues la inmensa mayoría de las víctimas no pertenecía a partidos más o menos fascistas, de los que las izquierdas pudieran temer agresiones. Su utilidad desde el punto de vista bélico fue nula, y políticamente perjudicó en extremo a sus autores, al dejar en evidencia sus pretensiones de libertad, humanitarismo y cultura, y alimentó la desgana de Gran Bretaña, Usa y Francia por ayudar al Frente Popular, pese a los clamores "republicanos" y "democráticos" de éste. Esa aparente irracionalidad, unida a una crueldad tan extrema, ha obligado a buscar explicaciones al fenómeno, que a menudo han derivado a críticas a la Iglesia perseguida, y no tanto a sus perseguidores.
Entre ellas apenas trataré el bulo de que las iglesias y conventos servían de polvorines o de fortalezas desde donde curas y frailes disparaban contra "el pueblo". El evidente infundio continúa una larga tradición, iniciada en la primera mitad del siglo XIX, cuando los frailes fueron acusados de envenenar las fuentes públicas. Erraríamos al atribuir tales patrañas, por su tosquedad, a mentes incultas "del pueblo", pues, por extraño que suene, han sido divulgadas y más o menos creídas por intelectuales. Con ocasión de la magna pira de conventos, bibliotecas y escuelas a comienzos de la república, Rivas Cherif cuenta una frívola charla entre él y Azaña, en la que éste, "si se le argüía aduciendo la matanza de frailes del 34 del siglo pasado so pretexto de haber envenenado las aguas, decía que él no lo creía así; pero que si el pueblo lo aseguraba, era desde ese momento una verdad histórica irrebatible". En realidad, los bulos partían de círculos relativamente cultos y politizados, que los utilizaban para incitar a masas sugestionables, por lo común del lumpen. No se trata, pues, de una explicación, sino de una parte de la persecución misma.
Madariaga hace una acusación en la línea de la «lumbrera» por él aludida: en la Iglesia predominaría un estilo rutinario, hipócrita y hueco, sin apenas contenido espiritual, y un nivel cultural muy bajo. Pero el mismo autor se contradice, al menos en parte, al observar cómo las provincias de mayor cultura popular, donde el analfabetismo estaba erradicado, eran las muy clericales de Santander y, especialmente, álava, «la provincia más devota de toda España». No obstante, insiste: «Que la Iglesia española, un tiempo gloriosa y liberal, que con Vitoria y Suárez fundara el derecho internacional, y con Mariana definiera al príncipe democrático, viniese a degenerar hasta producir los curas guerrilleros y las monjitas místicas (...) La Iglesia española fue grande mientras se nutrió de la cultura de las grandes universidades del siglo XVI». Pero ese hecho, aun en el caso de que fuese cierto, de ningún modo podría justificar la persecución. Además, aunque la Iglesia española tuvo parte muy importante en el despliegue intelectual del siglo XVI, y son extremadamente apreciables sus contribuciones a un pensamiento pre liberal, para su propio criterio, religioso y no directamente político, se trata de méritos derivados y no esenciales. Por otra parte, si bien la Iglesia no atravesaba su mejor momento en la II República, suponerla, entonces o en el siglo XIX, compuesta fundamentalmente por curas guerrilleros y monjitas místicas, distorsiona la realidad. La Iglesia mantenía numerosas publicaciones y trabajos de investigación muy variados, e instituciones culturales de primer orden, como la universidad de Deusto, donde se hallaba lo único parecido a una facultad de Economía en el país, cerrada sin mayor reparo por el gobierno de Azaña, tan afecto a la cultura. También se esforzaba la Iglesia en formar élites profesionales y políticas, y por contrarrestar intelectualmente las doctrinas laicistas y revolucionarias, como reconoce Martínez Barrio. Esfuerzo mejor o peor encaminado, pero en conjunto notable. Sin vivir una etapa de brillantez intelectual, tampoco estaba el clero tan decaído como se le achaca, ni mucho menos.
En cuanto a la presunción de una religiosidad formulista y hueca, choca con la evidencia de las víctimas, que muy a menudo aceptaron el tormento y la muerte antes que renegar de sus creencias, y lo hicieron perdonando expresamente a sus asesinos. Los célebres versos de Claudel sobre los miles de mártires "y ninguna apostasía" parecen bastante próximos a la realidad. Pues, como una muestra más del extraño carácter, por así decir antipolítico, de la persecución, a menudo se ofrecía a las víctimas salvarse si hacían algún acto simbólico como pisotear un crucifijo o blasfemar. Sea cual sea el punto de vista con que se trate el hecho, está claro que la fe de los católicos no era superficial y formularia, al menos la de un sector amplio de ellos.
Y cualesquiera fueran los defectos culturales o espirituales de la Iglesia, resulta grotesco el intento de justificar o explicar por ellos la sanguinaria y obsesiva persecución a la que se libraron sus enemigos. Como si los nazis hubieran perseguido a los judíos acusándolos de no cumplir como era debido con su religión.
Otra acusación común destaca una supuesta enemistad de la Iglesia hacia la república. Este argumento ha calado profundamente, también en la derecha, y ha originado una abundante literatura sobre la cerrazón eclesial. J. Caro Baroja afirma: "El clero español dio unos cuantos diputados avanzados, otros reaccionarios. Pero en conjunto, al menos en el Norte, la campaña más sorda y necia contra la República se hizo en las sacristías, utilizando la amenaza, la idea de persecución, etc. (...) La retirada de los crucifijos de las escuelas, las leyes acerca de licencias para procesiones y otras sancionadas por las Constituyentes, los incendios de iglesias y conventos, dieron lugar a interpretaciones torcidas o equívocas, que irritaban a hombres y mujeres, según los cuales, los castigos de Dios eran inminentes. Todo quedaba englobado bajo la misma interdicción clerical: desde "bailar el agarrado" o ir en el "correcalles" a leer La Voz de Guipúzcoa». Puede ser, pero todo ello no pasa de pintoresquismo inocente al lado de las propagandas y actos anticristianos, realmente violentos y agresivos. Y hechos como las quemas de conventos, bibliotecas y escuelas por los supuestos adalides de la cultura, o las leyes que vulneraban las libertades ciudadanas para reducir a los clérigos a ciudadanos de segunda y a la indigencia, no admitían la menor «interpretación torcida o equívoca»: su realidad e intención estaban clarísimos.
A decir verdad, la acusación dicha tampoco encuentra respaldo en los hechos. La postura eclesial no fue homogénea. Las diferencia podrían personificarse en los cardenales Segura, por un lado, y Vidal i Barraquer por otro. El primero, impregnado del espíritu tradicional, pidió a los creyentes colaboración con las nuevas autoridades, sin dejar de recordar con gratitud a la monarquía. Aunque sus expresiones hacia la república no pasaban de frías, eran perfectamente legítimas en un sistema de libertades, y el gobierno le respondió con menos tolerancia de la que los republicanos habían disfrutado bajo la monarquía: le respondió con auténtico despotismo, resultando una colisión en la que Segura llevó las de perder. Vidal, próximo en algunos puntos a la democracia cristiana, prefería olvidar el pasado, aceptaba más abiertamente el espíritu del siglo y cerraba los ojos a muchas asperezas anticlericales, esperando que el tiempo las limase. Esta posición fue en parte auspiciada por el Vaticano -representado en Madrid por el mundano nuncio Tedeschini- y en el conjunto de España predominó la actitud intermedia de ángel Herrera, con mucho peso en el episcopado y cofundador de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, de los diarios El debate y Ya y del partido de Acción Popular, embrión de la CEDA, en la cual influía ideológicamente.
La Iglesia adoptó, pues, una actitud respetuosa y contemporizadora, aunque, claro está, disgustada por las injurias que sufría no de la república, concebida inicialmente como democracia liberal, sino de los partidos izquierdistas, nada liberales ni demócratas, aunque no cesaran de invocar la libertad. La argucia de Azaña cuando alude al peligro, puramente inventado, de un gobierno de obispos y abadesas, o explica la persecución por la supuesta "intransigencia, la ferocidad del todo o nada" que achaca a los católicos, falsea por completo la realidad. Ni siquiera cuando la tremenda agresión de la quemas de conventos en mayo del 31, respondieron el clero y los partidos católicos con la violencia o la subversión, que no habrían dejado de estar justificadas como legítima defensa. La CEDA no sólo acató el nuevo régimen, sino que lo salvó literalmente en octubre de 1934, cuando lo asaltaron las propias izquierdas, como está hoy bien documentado. No fue la Iglesia la que hostigó a la república, sino las izquierdas de la república las que hostigaron sin tregua a la Iglesia.
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Una tercera explicación afirma que la Iglesia se ganó la animadversión de amplias capas populares, de los pobres, por haberlos olvidado, por no haber atendido a sus necesidades. Pero esta acusación ignora dos cosas: que los autores de la persecución no fueron «los pobres», sino unos partidos y políticos que decían hablar en nombre de ellos. La inmensa mayoría de los pobres no participó en las matanzas, y una gran parte de ellos siguieron sintiéndose cristianos. Y por otra parte la Iglesia no estaba tan alejada de los necesitados como se pretende. Sostenía, entre otras cosas, una red muy considerable de asilos de ancianos y desvalidos, y de asistencia a enfermos, tanto más apreciable en una época en que apenas existía seguridad social, desarrollada más tarde, en época de Franco. Además dirigía centros de formación profesional y de enseñanza a obreros y jóvenes sin recursos, de ambos sexos, etc. Lo que hacía el clero en este orden, mucho o poco y desde luego no era poco, casi nadie más lo hacía. El argumento podría tener algún peso si el objetivo del exterminio hubieran sido las jerarquías eclesiásticas o los sacerdotes de los barrios y zonas acomodadas, pero no fue así. Los perseguidores detestaban especialmente las actividades eclesiásticas en las zonas populares, pues las veían como una intromisión en el campo proletario, que ellos creían monopolio suyo. Los curas y frailes dedicados a esas labores fueron también asesinados, a menudo con verdadero sadismo. Ya en mayo del 31 los incendios se dirigieron, significativamente, contra centros de formación profesional o escuelas salesianas y jesuitas para obreros, y Azaña quiso prohibir incluso la beneficencia eclesial.
Pese a estos hechos, la acusación permanece con fuerza, completada con la de haberse aliado la Iglesia tradicionalmente con los «ricos», con los poderes «reaccionarios», «explotadores», con el «capitalismo». Hace poco un ex sacerdote o ex seminarista pasado al socialismo, el historiador Santos Juliá, criticaba las beatificaciones de los mártires cristianos, asesinados muchos de ellos por socialistas, apoyándose en el intelectual católico francés Maritain, de quien citaba: "Es un sacrilegio horrible masacrar a sacerdotes -aunque fueran fascistas, son ministros de Cristo- por odio a la religión; y es un sacrilegio igualmente horrible masacrar a los pobres -aunque fueran marxistas, son cuerpo de Cristo- en nombre de la religión". Le repliqué en un artículo de Libertad Digital: «Un historiador con algún sentido crítico no puede emplear de ese modo la sentencia de Maritain oponiendo sacerdotes y "pobres". Los sacerdotes eran asesinados por el mero hecho de ser sacerdotes, pero, ¿de dónde saca Maritain que los pobres sufrían matanzas por serlo? Eso es propaganda stalinista, y su falsedad resalta no ya para un historiador, sino para cualquier persona con sentido común. Ello aparte, los muertos por la represión de los nacionales durante la guerra ascendieron a unos 70.000, según los cálculos más solventes de Martín Rubio: ¿tan pocos pobres había en España? Como sabe todo el mundo, cayó entonces gente acomodada, de clase media y de escasos recursos, pero ninguno de estos últimos lo fue por su posición social, sino por considerársele enemigo político o por venganzas personales. Lo mismo vale para la represión del Frente Popular (unas 60.000 víctimas, más proporcionalmente que sus contrarios, al haberse ejercido sobre un territorio menor), la cual sacrificó también a numerosos obreros y campesinos desafectos. La persecución de los clérigos y monjas se emparenta cualitativamente con el Holocausto perpetrado por los nazis contra los judíos, pues en ambos casos las víctimas eran asesinadas simplemente por ser judíos o clérigos. Un historiador serio debe tener en cuenta otro detalle que Juliá también olvida, y que ayuda a explicar la evidente falsificación del intelectual francés: la preocupación de este por su país, pues le alarmaba la influencia alemana e italiana en España en detrimento de los intereses franceses, y por ello presentaba a Franco como un títere de Hitler. Pudo tratarse de una mentira inconsciente, pero desde luego faltaba a la verdad y escondía que, en cambio, el Frente Popular sí fue dominado por Stalin desde el envío del oro español a Rusia».
Maritain, por cierto, tenía bastante influencia en el Vaticano, donde, según Sainz Rodríguez, «nos consideraban un pueblo al que se tiene seguro, en el que no existe peligro de que se aparte de la disciplina católica, pero al que no hay que prestar excesivas atenciones. En cambio, el elemento francés pesaba enormemente en el Vaticano», e incluso «los asuntos españoles eran interpretados a través de lo que se decía en Francia». Tengo la impresión de que Sainz no iba aquí del todo descaminado.
Terminaba mi artículo: «Juliá y tantos otros desvirtúan la espeluznante persecución religiosa con argumentos especiosos, han pretendido durante años que la Iglesia pidiera perdón a sus torturadores y ahora se oponen a que honre a sus mártires. ¡Imaginemos que en Alemania se hiciese hoy algo semejante con los judíos! El envenenamiento de las conciencias prosigue, con las mismas falsedades de los años 30. Juliá y compañía no revelan el menor sentimiento por lo que entonces hizo el Frente Popular, y uno queda con la sospecha de que repetirían, si hubiera ocasión. Después de todo siguen demostrando una vocación en verdad fanática por defender a los pobres».
Además, aunque la Iglesia se hubiera desentendido efectivamente de los pobres o los trabajadores, ello tampoco justifica en modo alguno la persecución. Al revés, sus enemigos deberían estar muy contentos de esa actitud.
Debemos atender a otra faceta de la acusación, muy próxima a la teoría marxista de la lucha de clases. Según ella, nada más natural que el compinchamiento de la Iglesia con los llamados explotadores, pues servía a estos para suministrar a los explotados el opio religioso que les hiciera resignarse, en lugar de rebelarse contra su triste situación. Esta doctrina incidía sobre algunos rasgos tradicionales del cristianismo, y no ha dejado de seducir a algunos sectores religiosos, que propugnaban el arrepentimiento por la identificación eclesial con los ricos y los poderosos. La Iglesia debía regenerarse para ganarse a los pobres, a los trabajadores manuales, a los desheredados del Tercer Mundo y, en el caso español, pedir perdón por haber apoyado en la guerra civil a quienes la estaban salvando del exterminio, en lugar de apoyar a sus exterminadores, los partidos llamados obreros del Frente Popular. Las víctimas de la persecución debían recibir así la suprema injuria de un olvido despectivo.
Se trata de un enfoque, ya digo, aproximadamente marxista, esto es, materialista, y creo que conducía a la Iglesia al suicidio teórico y práctico. Teórico porque le hacía renunciar o dejar en segundo término su legado espiritual, no materialista; y práctico porque los partidos marxistas quedaban como los auténticos defensores de la justicia social, de los pobres, mientras la Iglesia debía purgar su larguísima identificación con los opresores y solo muy a última hora reconocía su error y pretendía rectificar. Al estar la verdad, en lo esencial, al lado de aquellos partidos, el mensaje de la Iglesia se volvía redundante, quedaba a la defensiva o se diluía, y tal efecto tenía la célebre consigna de la cruz en una mano y la hoz y el martillo en la otra. El llamado diálogo con el marxismo, así planteado, benefició mucho a este y perjudicó a la Iglesia, en cuyo seno introdujo una notable confusión. En fin, hoy debiera estar bastante claro que los partidos autodenominados obreros nunca representaron nada parecido a unos «intereses históricos» del proletariado, que se combatieron y asesinaron entre sí y que nunca los pobres sacaron nada bueno de ellos.
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En mi opinión hay tres factores que explican suficientemente la persecución y sus rasgos criminales. En primer lugar, la tradición jacobina. En España, mucha gente identificó el liberalismo con la invasión napoleónica y la Revolución francesa, identificación errónea en general, pero apropiada en el caso de la fracción de los liberales llamados exaltados, luego progresistas y republicanos. Para estos, en efecto, la Revolución francesa constituía el modelo, y un punto fundamental de ella consistía en el aplastamiento de la Iglesia, como había ocurrido en Francia y habían predicado algunos ilustrados, particularmente Voltaire: écrasez l’infâme! Esta concepción difería de la de la Revolución useña o de la experiencia inglesa, que no conocieron tales convulsiones y persecuciones; en la misma España, el liberalismo tenía corrientes moderadas y enlazaba con la tradición intelectual española de los siglos XVI y XVII, eclesiástica en tan gran medida. Sin embargo el sector republicano, de estilo muy jacobino, propugnó la eliminación de la Iglesia, a la que presentaba como el obstáculo mayor a la modernización del país, a la razón y al progreso. Ese fue su objetivo esencial, causa de matanzas y quemas de iglesias ocasionales, así como de una copiosa propaganda. Debe destacarse que la literatura anticlerical en España nunca tuvo la altura intelectual de la francesa, y si destaca por algo es por su carácter soez y pedestre. No obstante, su persistencia y masividad le fueron ganando un influjo social considerable.
En segundo lugar, las nuevas corrientes revolucionarias, desde finales del siglo XIX, adoptaron un punto de vista parecido al de nuestros jacobinos. Los anarquistas miraban la creencia religiosa como un enemigo incluso mayor que el propio sistema capitalista, y desde muy pronto hizo objeto a la Iglesia de una hostilidad incondicional, mediante atentados con bombas y otras manifestaciones violentas. Probablemente fueron los más entusiastas incendiarios de templos (no los únicos, ni mucho menos). Los marxistas manifestaban una oposición menos frontal, pues daban la importancia decisiva al factor económico, al derrocamiento del sistema capitalista, después de lo cual la religión debía ir disolviéndose de forma natural, ayudada, eso sí, por la dictadura del partido, llamada del proletariado. No obstante, los marxistas creían necesario apoyar a los republicanos más radicales a fin de cumplir la «revolución burguesa», preludio necesario de la proletaria, y por tanto apoyaban su anticristianismo, participando, como ateos militantes, en la propaganda y el hostigamiento a la Iglesia, así como, a su debido tiempo, en las matanzas. Como señalé al principio, este era el único punto de coincidencia entre todos aquellos grupos, y su influjo sobre sectores de la población no cesó de crecer en el primer tercio del siglo XX.
Estos dos factores, que se reforzaban, podían ser mantenidos relativamente a raya mientras persistiera la legalidad que convencionalmente llamamos burguesa, una legalidad no utópica o revolucionaria. Pues en una sociedad repleta de intereses, creencias, aspiraciones y sentimientos muy dispares, solo el mantenimiento de la ley garantiza una convivencia razonablemente pacífica, aun si con crisis naturales. Pero la república, nacida en principio como democracia liberal, sufrió desde muy pronto un proceso de derrumbe cada vez más agravado, que he descrito en tres fases: una fase de desbordamiento, de origen sobre todo izquierdista, durante el primer bienio (quema de conventos, insurrecciones anarquistas, golpe de Sanjurjo desde el otro lado, fracaso de algunas reformas razonables, pero aplicadas con ineptitud y transformadas en pura demagogia…). Una segunda fase de asalto de las izquierdas y los separatistas al poder que las urnas les habían arrebatado en 1933 (intentos de golpe de estado por Azaña y los republicanos, preparativos de guerra civil en pro de un sistema soviético por parte del PSOE, movimientos de rebeldía de los nacionalistas catalanes y vascos), culminada con la insurrección de octubre del 34, que dejó 1.400 muertos en solo dos semanas y en 26 provincias. Y una tercera fase al volver al poder las izquierdas agrupadas en el Frente Popular, tras las elecciones anómalas y no democráticas de febrero de 1936, para desatar de inmediato un movimiento revolucionario desde la calle, con cientos de asesinatos, incendios, ocupación de fincas etc., más la liquidación por el gobierno de la legalidad republicana, antes concebida como una democracia liberal.
Este proceso arruinó la convivencia social en España, acabó de quitar toda legitimidad al gobierno de izquierdas y motivó la rebelión de las derechas, reanudándose la guerra civil. Importa subrayar que la rebelión de julio de 1936 no fue un pronunciamiento militar al estilo de los del siglo XIX y algunos del XX (la gran mayoría de ellos, contra un tópico común, tuvo carácter izquierdista, es decir, exaltado, progresista o republicano), sino una verdadera sublevación de una parte muy amplia del pueblo en torno a un sector del ejército. Y que no ocurrió frente a un gobierno legítimo y democrático, como siguen pretendiendo diversas propagandas, sino contra un gobierno despótico y un proceso revolucionario. No sería la democracia, como a menudo se pretende, sino la revolución, la que saldría derrotada.
Fueron, pues, las izquierdas y los separatistas quienes hundieron la legalidad republicana, aunque persistieran luego en llamarse republicanos, un artificio de propaganda para retener una legitimidad ficticia y obtener apoyo exterior (solo lo obtendrían de Stalin, que convirtió al Frente Popular en protectorado suyo). La ruina del ideal demoliberal dejó una pugna entre dos ideales dictatoriales, el totalitario de las izquierdas y el autoritario de las derechas. Este último, muy preferible para cualquier demócrata, ganó la contienda, mantuvo a España fuera de la guerra mundial y facilitó un importante desarrollo económico y la disolución de los viejos odios de la república, para dar paso, son el tiempo y de forma bastante normal, al actual sistema de libertades políticas. No me extenderé aquí sobre estos hechos, hoy suficientemente documentados.
La caída de la ley tiene siempre o casi siempre los mismos resultados: el desencadenamiento de los odios y las pasiones, y con ellos, de los crímenes. El levantamiento derechista fracasó al principio y quedó en posición casi desesperada, recurriendo al terror para asegurar su retaguardia, mientras que el Frente Popular, seguro de su victoria empleó el terror como aplicación de un programa de «limpieza» acariciado y preparado por su propaganda desde largo tiempo atrás.
A mi juicio, estos tres factores, es decir, las concepciones jacobinas, su reforzamiento por las ideas revolucionarias marxistas y anarquistas, y la destrucción de la legalidad republicana por el Frente Popular, explican suficientemente la matanza de religiosos y muchos otros fenómenos de la época. Podemos hablar del pensamiento utópico y mesiánico detrás de tales actos, pero aquí dejaremos ese aspecto de lado.
¿Cuáles fueron los fallos de la Iglesia en relación con todo este proceso? Como he indicado, no creo que fueran los que habitualmente se le achacan. La Iglesia perdió mucho terreno en la sociedad española durante aquellos decenios, como lo ha vuelto a perder ya desde antes de la transición democrática, y eso requerirá seguramente un análisis interno. Pero no abordaré esa cuestión, pues no enfoco el tema desde el punto de vista del creyente, sino del demócrata. Como tal, considero que la Iglesia tiene el mismo derecho a expresarse y organizarse que cualquier otra asociación, máxime teniendo en cuenta su extraordinaria relevancia en la historia y la cultura españolas. Y estoy convencido de que los ataques que ha venido sufriendo y que sufre hoy nuevamente, perjudican seriamente no solo a la Iglesia, sino a la democracia misma, a la estabilidad de la sociedad y a la integridad del país.
Pío Moa (Conferencia dictada en Jerez de la Frontera (España) el 1 de abril de 2008)
(Nota: Este artículo está dedicado a los que aún creen que los burros vuelan, al Sr. Presidente del Gobierno y a su fenecido abuelito.
Francisco Pena)
EL OCASO DE LA "DEMOCRACIA": LA INCIPIENTE PERSECUCIÓN RELIGIOSA EN ESPAÑA
Con tales manifestaciones se produce desde el campo político una clara desincentivación del hecho religioso, de tal manera que desde los poderes públicos o los partidos políticos se intenta transmitir la idea de que quien porta valores religiosos son incapaces de aportar nada constructivo al diálogo político.
El presidente de esta organización, Marcial Cuquerella, recuerda en su comunicado que la situación de la libertad religiosa de un país "es uno de los principales indicadores de la defensa de las libertades". "Su respeto facilita que los ciudadanos crean o dejen de creer en aquello que elijan, y les permite tomar decisiones basadas en tales creencias, expresándolas, si así lo desean, de manera pública".
Entre los hechos se citan las manifestaciones a raíz de un acto litúrgico multitudinario en la plaza de Colón de Madrid o con motivo de la Nota de la Conferencia Episcopal Española ante las próximas elecciones generales. También se han atacado los símbolos religiosos, se ha editado un manual por una organización juvenil de un partido político “para salirse de la Iglesia” o ha habido insultos a los obispos (como “casposos”, “integristas” o “tenebrosos”). Incluso se ha amenazado con denunciar los Acuerdos Iglesia-Estado o cortar la financiación de la Iglesia.
El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia concluye el informe mostrando su “preocupación ante el retroceso que se ha dado en el respeto debido a las creencias de los ciudadanos” y constata que estas actuaciones parece querer sustituir la conciencia religiosa “por una ideología desde el Estado”.
LA BRUTAL PERSECUCIÓN DE LOS CATÓLICOS EN UCRANIA, BAJO LA DOMINACIÓN COMUNISTA
En el año 1054 se produjo el cisma entre las iglesias de Oriente, con sede en Bizancio y la católica de Ucrania, fiel a Roma. Como dice Mons. Efraín B. Krevey1, Eparca de los ucranianos en Brasil, hasta 1054 no había diferencias en Ucrania. Todos eran católicos con dos ritos diferentes, el latino y el oriental, pero a partir de entonces surgió una Iglesia ortodoxa rusa cismática, apartada de Roma y, por consiguiente, del Santo Padre.
Por esos años, la iglesia católica ucrania se expandió notablemente por el país aunque sufriendo persecuciones de los gobiernos rusos.
Hambre, muerte y destrucción
La persecución se agravó terriblemente a partir de la revolución comunista de 1917, primero bajo la dictadura proletaria de Lenín y después bajo la feroz tiranía de Stalin, que se extendió de 1929 a 1953. Ucrania, que había sido conquistada por la Rusia zarista en el siglo XVIII, obtuvo su independencia en 1918, pero en 1922 Lenín ordenó su conquista, lanzando sobre ella al cruel y despiadado Ejército Rojo.
La era de Stalin trajo las grandes hambrunas y matanzas, la primera en 1924 y la segunda entre 1932 y 1933, siniestra etapa de la historia ucrania conocida por el nombre de Holodomor, es decir, el Apocalipsis del hambre. Todo el grano, toda la producción y todo el ganado fue retirado por el gobierno ruso, sumiendo al país, conocido como “El granero de Europa”, en la inanición más espantosa.
Pueblos diezmados, poblaciones aniquiladas
El interior fenecía; pueblos enteros morían y la gente, desesperada, llegó a comer cortezas de árboles, arbustos y cuero. El genocidio más espantoso del que se tenga memoria y del que nadie habla, hundía a la región más rica del continente en el infierno más despiadado. Según palabras de un campesino: “Los rusos iban de casa en casa llevándose toda la comida que encontraban. Comenzaban por los granos, la harina, las remolachas, papas o habas que la gente guardaba en sus casas o sótanos. Pero sin confiar en la gente, registraban todo, cavaban en el piso, hurgaban en las paredes y en los hornos, destrozándolos a menudo. Así corrían de casa en casa quitándonos todo lo que pudiera ser comestible”.
Desesperados por salvar a sus hijos los padres los obligaban a abandonar el hogar; las madres los arrojaban dentro de los trenes que partían hacia la capital y en las calles de las ciudades aparecían cadáveres de campesinos que intentaban encontrar alimentos.
Situación extrema
Como era de esperar, la gente, desesperada, recurrió al canibalismo. En vista de lo que ocurría, el partido comunista ucraniano reaccionó solicitando a Moscú alimentos pero Stalin, enfurecido, contestó que estaban intentando boicotear el éxito del plan quinquenal: “La lucha por el pan, es la lucha por el socialismo” vociferó en un discurso mientras Viacheslav Molotov, ministro de Relaciones Exteriores, reclutaba familias de campesinos rusos para ocupar los diezmados pueblos de Ucrania.
Por último, el mismo Pavel Postyshev, secretario general del Partido Comunista Ucraniano, hasta ese momento incondicional de la política de Stalin, fue destituido (bajo la acusación de que en su gabinete participaba un trotskista) arrestado y posteriormente fusilado.
La mentira al servicio del poder
Todo este horror fue avalado por el periodista inglés Walter Duranty, ganador del premio Pulitzer, falaz y mentiroso apologista de Stalin, quien llegó a publicar en el “New York Times” que tras un viaje en automóvil de 200 millas a través de Ucrania había podido observar que “la cosecha es espléndida y todo lo que se diga acerca de la hambruna es ridículo” (¡!)
Recrudecen las persecuciones
A partir de 1939 la persecución comunista se hizo mucho más sangrienta. Entre 1940 y 1941 y en 1946 una parodia de sínodo devastó a la Iglesia Católica ucraniana con la supresión de obispos y sacerdotes. A partir de aquel último año, hasta 1956, religiosos y laicos fueron forzados a abjurar de su fe para pasarse a la ortodoxia rusa. Los templos se cerraron y con ellos, escuelas y demás instituciones. Los religiosos fueron a prisión o enviados a campos de concentración en Siberia y a otros se los destinó a trabajos forzados en Kazajstán. Entre los primeros estuvo el célebre Cardenal Josyf Slipyj quien pasó dieciocho años prisionero en un campo de concentración de Siberia, donde sufrió todo tipo de torturas, pero su indomable integridad fue un inigualable ejemplo para los católicos resistentes a la barbarie comunista. Al fallecer, el 7 de septiembre de 1984, el pueblo ucraniano lo reconoció como su gran héroe nacional.
La Iglesia del Silencio
Con el martirio de los obispos comenzaron los tiempos de la Iglesia del Silencio y de las catacumbas, especialmente en Galitzia, región compartida con Polonia, de la que es capital la ciudad de Lvov, el área más castigada por los rusos, con un 95% de población católica. Los sacerdotes comenzaron a ser ordenados y consagrados en secreto por el Cardenal Slipyj y el obispo Mons. Volotender Stervilk, que vivió años escondido en diversas aldeas.
Esos religiosos ejercieron su ministerio desde la clandestinidad, socorriendo a los afligidos, administrando los sacramentos, confesando a los pecadores y celebrando Misa en casas particulares. Sin embargo, no podían estar presentes en los entierros porque toda ceremonia pública estaba prohibida.
Lo peor se vivió, como se ha dicho, en tiempos de Stalin cuando cerca de ocho millones de campesinos ucranianos fueron masacrados para imponer la Reforma Agraria, cifras que otros analistas elevan a diez millones. Primero se confiscaron las tierras, después la propiedad, luego los animales y finalmente la producción.
El resurgir de la Iglesia Católica
Esa angustiante situación se prolongó hasta 1991 cuando la Cortina de Hierro cayó y la Iglesia Católica fue liberada, reabriéndose sus templos. Fue, según el Obispo Kreyev, una de las etapas más felices y gloriosas de la historia del país, denominada “Resurrección de la Iglesia Católica en Ucrania”.
Hasta ese momento, la castigada nación desconocía la propiedad privada y la libertad y tanto los bancos como las firmas comerciales más importantes se hallaban en poder de los rusos o de los obsecuentes miembros del Partido Comunista. Los habitantes de la tierra más rica de lo que fuera el implacable Imperio Soviético, se hallaban sumidos en la más dura miseria y la educación sometida a la influencia partidista, debiendo maestros y profesores inculcar la doctrina marxista en el alumnado. Todo aquel que se resistía era encarcelado, deportado o directamente pasado por las armas. Los padres debían entregar sus hijos al Estado para que éste modelase mentes y espíritus a su antojo, convirtiéndolos en autómatas sin sentimiento, al servicio del régimen.
Documentos esclarecedores
Recientemente fueron presentados concluyentes documentos históricos en el IV Foro Mundial Ucranianio, celebrado entre el 18 y el 20 de agosto de 2005, en un primer volumen titulado Liquidación de la UGCC: 1939-1946, del que es autor el director del Centro de Estudios Ucranios de la Universidad Nacional “Taras Shevchenbko” de Kiev, Volodymyr Serhijchuk2.
Esos documentos, la mayor parte de los cuales llegan al mundo académico por primera vez, permiten conocer la verdad de la sistemática liquidación de la Iglesia ucrania de rito greco-bizantino unida a Roma, llamada despectivamente por los ortodoxos, “uniata”.
En el prólogo de la obra, el autor señala la importancia de su publicación: “La paradoja de hoy es que parte de nuestra sociedad no quiere darse cuenta de la amarga verdad del ayer de nuestra nación, para no tener que abandonar estereotipos impuestos por la ideología comunista, estereotipos que han llegado a ser habituales y parte de la vida cotidiana”.
Considera, además, que quienes no creen en los hechos ocurridos en Ucrania son los que se dejan influir por aquellos que estuvieron implicados en crímenes horribles.“Los que tienen hoy la responsabilidad de decir la verdad, deben hacerlo”, advierte refiriéndose a los empleados del Archivo Estatal del Servicio de Seguridad de Ucrania.“Ellos tienen acceso a los documentos más secretos del pasado, a la evidencia del totalitarismo que revela la verdad a nuestra nación, al mundo entero y a quienes no creen cuán brutales fueron los crímenes del sistema comunista”, subraya.
Por su parte el cardenal Lubomyr Husar, arzobispo mayor de Kiev-Halic y cabeza de la Iglesia Greco Católica, reflexiona: “Por muchas décadas el régimen comunista intentó liquidar o subyugar a la Iglesia greco-católica ucrania, y a otras Iglesias cristianas. Hoy, con el acceso a los documentos, al menos a los documentos oficiales de la Unión Soviética y de sus distintos órganos, aprendemos cómo y para qué se organizó todo aquello. En una palabra, descubrimos las raíces de ese proceso”.
En otro comentario efectuado a través de su secretaría de prensa, el prelado agrega: “Todos sabían que desde un principio el comunismo trató negativamente a la religión”, pues ésta “recuerda a la gente su dignidad humana y su ansia de libertad. Así que era necesario destruir la religión y la Iglesia. Esto se hizo sistemáticamente. Es lo que se deduce de los documentos”.
Renace la esperanza
La iglesia ucranio católica oriental es la más grande y numerosa de todo Oriente, mucho más pujante, inclusive, que la ortodoxa. Con la caída de la Cortina de Hierro surgieron paralelamente una serie de desafíos a los que tuvo que enfrentarse con verdadera decisión, el principal, la recuperación de su gran país y su pueblo valeroso, erradicando la retrógrada mentalidad implantada en la mente y en los corazones de su pueblo, por el nefasto régimen soviético, responsable de atroces crímenes de los que Nuestra Señora de Fátima advirtió a la humanidad en 1917 asegurando finalmente, que su Inmaculado Corazón acabaría por triunfar.
martes, 15 de julio de 2008
LA TIERRA PARA EL QUE LA TRABAJA
Y esa preocupación es doble:
Por un lado, porque tal afirmación evidencia cuán ajeno a la realidad es quién la ha formulado.
Y, por otro, porque, hoy en día, el problema del campo es mucho más grave y más difícil de solucionar que la llamada “cuestión agraria”, eterno problema de una España no tan lejana.
Si antes el problema se circunscribía a una mera, pero no por ello menos importante, distribución equitativa de la tierra, con el fin de invertir los términos latifundistas, hoy, por el contrario, la dimensión, desde el punto de vista económico y social es mucho más compleja y requiere mayores y más radicales medidas que una mera redistribución que bien se pudiera haber solucionado como una simple y radical expropiación de las tierras a los terratenientes.
1.- La realidad del campo, como presupuesto:
¿Cuál es, pues, la realidad actual del sector agropecuario en España?
En el entorno en el que nos movemos, tanto en su dimensión política (nacional e internacional), como socioeconómica, el campo español ha sufrido una profunda transformación, sin duda, pero tal transformación, aparentemente, modernizadora, en realidad ha devenido con el paso del tiempo, tal y como afirmaban algunos, en un hecho reductible, en el sentido más radical de la palabra.
Es decir: La pretendida y mal llamada modernización del campo, en realidad ha supuesto una serie concatenada de innegables hechos inicuos:
- Reducción significativa de la tierra cultivable en injusta proporción con el incremento exponencial de la salvaje urbanización del ámbito rural.
- El abandono paulatino pero incesante del cultivo de la tierra y de la producción ganadera.
- La escasez de beneficios económicos y aumento salvaje y desproporcionado del coste productivo que determinan, en último término, una injusta contraprestación por el duro esfuerzo del trabajo en el campo.
- El incremento abusivo de los precios finales que ha de satisfacer el consumidor, sin que se consiga, en idéntica proporción, un incremento retributivo al productor, siendo “distraído” dicho beneficio entre ciertos sectores intermediarios que, en modo alguno, garantizan, ni la calidad del producto, ni el justo precio del mismo.
En definitiva: España se ha visto desposeída de su, otrora, rico, aunque mal distribuido, sector primario, quedando éste en manos de grandes empresas multinacionales, en su mayoría extranjeras, que, gracias a la política agropecuaria comunitaria, y el despropósito de nuestros renombrados “politicastros” de turno, ha generado un remanente de pérdidas para el productor, aunque enormes beneficios para el gran Capital, a costa de aquél y del consumidor, último que ha de “pagar el pato” por una carencia absoluta de política económica productiva.
El agricultor se ve, pues, en la necesidad de aceptar cualquier compensación, generalmente escandalosamente exigua, que lejos de calificarse de contraprestación, deviene en una mera indemnización residual por el trabajo duro y efectivamente realizado.
Una vez vendido el producto, el transporte y transformación del mismo pasa por varias manos que, por un lado, diluyen su responsabilidad productiva, convirtiéndose, en algún que otro caso, en agentes especuladores que, en todo caso, generan un excesivo beneficio en manos de aquél que nada o poco ha producido.
En último término, la distribución hasta llegar a manos del consumidor supone un nuevo incremento del coste, lo que, en último término, redunda en perjuicio de la sufrida economía familiar.
2.- Las falsas soluciones:
Y mientras vemos ese panorama, nuestra clase política se devanea los sesos en buscar soluciones que, lejos de solventar el problema de fondo, cual es la falta de producción y justa contraprestación, deja el campo a una mera anécdota histórica residual, fuente, por cierto, de un incremento significativo de pensiones asistenciales.
Es lógico deducir, a la vista de lo expuesto, que lo primero que debería hacer un buen gestor sería partir del presupuesto del conocimiento y reconocimiento de la auténtica realidad del sector, dejando las fantasías infantiles para el “maravilloso mundo de los hermanos Grim”.
Se trata, en primer lugar, de partir de un punto cierto y sustancial de apoyo, cual es ver y saber cuáles son las carencias del campo, las fuentes reales de sus problemas y las potenciales soluciones a la, más que crisis, casi nula existencia de dicho sector primario.
Para un lego en la materia, podría interpretarse que las soluciones actuales, pretendidas por las sucesivas “administraciones” son la única alternativa o resolución de los problemas, sin embargo tales “soluciones”, en realidad, encierran un sucio y oscuro entramado de sinecuras, beneficios inconfesables, necesariamente vinculadas íntimamente con un preocupante despilfarro del erario público.
Mediante la alternativa predominante de la subvención a cualquier precio, pretende imponerse un sistema de dependencia absoluta del campo al sistema público de prestaciones que, lejos de beneficiar al sector, por el contrario, lo condena, más y más, al profundo abismo de la desesperación.
Dicha política, más que política, entendiendo por tal el arte de buscar la solución adecuada a los problemas concretos de los ciudadanos, lo que, en realidad, supone es la distracción de los fondos de todos en beneficio último de unos pocos, cuales son los sectores privados económicamente privilegiados.
Resulta, así, curioso que el engendro de proyecto de Constitución europea, hoy, felizmente, fenecido, aunque solventado, de alguna manera, con la espabilada habilidad de los liberales de turno, mediante un pacto que sustituye traidoramente la voluntad popular de varios pueblos de Europa que, claramente, rechazaron aquél proyecto “jurídico”, ya preveía, y, hoy, consagra la sumisión absoluta del campo español a los intereses del Capital que, con la habilidad que le caracteriza, es capaz de subrogar los justos intereses y derechos de los campesinos y ganaderos por los bastardos intereses de unos pocos privilegiados.
Pues bien: esta política de subvenciones, que defienden tanto unos como otros, tanto otros como unos, ata económicamente al productor y lo condena a morir progresiva, pero ineludiblemente.
Resulta palmario, así, que la política “subvencionista”, lejos de solucionar el problema del campo, por el contrario, lo condena definitivamente a la desaparición.
Las migajas con que el poder político y económico, con la necesaria connivencia de los llamados sindicatos de clase, satisface las justas reivindicaciones de los productores agropecuarios no sólo no resuelven el problema del campo, sino, por el contrario, lo agrava aún más, pues, alargando su agonía, al no proponer soluciones estructurales reales, lo que consigue es un mayor endeudamiento de aquéllos lo que, en definitiva, reduce significativamente el nivel económico de las familias que dependen del campo, abocándolos, en último término al abandono de la producción.
Pero, no nos engañemos, ésa es, precisamente, la intención última de los sectores económicos privilegiados que, apoyados incondicionalmente por la clase política, pretende ahogar al agricultor y ganadero con el ánimo de que abandonen la producción agropecuaria, bien, plegándose a sus ilegítimos intereses económicos, bien favoreciendo la, cada día, más creciente especulación urbanística.
3.- El Cooperativismo agrario, como primer estadio de la Revolución del sector agropecuario:
¿Existe alternativa a la situación actual del campo?
Ciertamente, sí.
Pero es una alternativa que, necesariamente, debe entenderse desde una perspectiva global, en el sentido de que no puede quedarse en definitivo lo que es tan sólo un primer estadio evolutivo hacia la total transformación del campo.
Si lo que se pretende es solucionar definitivamente el problema de la improductividad del campo, entendida por tal la que no produce el rendimiento adecuado para el agricultor o el ganadero, hay que partir del presupuesto de que toda la actividad productiva, desde el inicio de la misma, hasta su último estadio, el consumo, debe estar de tal manera estructurada que impida la infiltración de sectores económicos ajenos que, generalmente, fundamentan su intervención en aspectos puramente especulativos.
Lo primero que es menester erradicar es la injusta sumisión del productor al precio fijado por el Capital, titular de empresas que tienen el monopolio de la transformación de la materia prima, asumiendo, asimismo, generalmente, el transporte y la distribución de aquélla hasta el consumidor.
Y la primera alternativa exige que el productor, agricultor o ganadero, asuma el protagonismo desde el primer estadio del proceso productivo hasta el último estadio, el del consumo.
Se trataría, en definitiva, de que todo el proceso, desde la producción, pasando por la transformación, transporte y venta quede en manos del sector productivo, erradicando, por un lado cualquier elemento ajeno improductivo, puramente especulativo, y, por otro, manteniendo un estricto y justo control del valor del producto y precio final del mismo, con lo que tanto el productor, “in lato sensu”, como el consumidor, saldrían, en definitiva, plenamente satisfechos y beneficiados; el primero, recibiendo la justa contraprestación por el trabajo efectivamente realizado, y el segundo, pagando el justiprecio del producto.
Resulta palmario que tal propuesta produciría una reacción adversa del Capital y de los sectores subvencionados, pero no existe alternativa, a salvo que lo que, en realidad, se pretenda, como considero que así es, es que el campo desaparezca, dejándolo como mero residuo histórico en la memoria de nuestros mayores.
Ambos, política y Capital, van, hoy por hoy, y cada día con mayor y creciente interés, íntimamente unidos.
Se trata de romper dicha íntima e injusta relación, ajena a la auténtica realidad del campo que, lejos de ser un apéndice macroeconómico, como pretenden algunos, debe ser una actividad, no necesariamente artesanal, pero sí primaria, tanto desde el punto de vista productivo como económico.
La generalización del sistema se complementaría con una sindicalización progresiva de sus estructuras, dirección y coordinación de todos y cada uno de los sectores implicados hasta alcanzar un auténtico y fuerte sector primario que sirva de soporte al sector productivo nacional.