¿EDUCACIÓN O ESCUELA PÚBLICA?

Existe un común error, ciertamente intencionado, cuya fuente sin duda es nuestra ignominiosa e inútil clase oligárquico-política, que consiste en confundir a la ingente masa borreguil patria con la aparentemente ambigua acepción de lo público.
Lo público, es decir, lo de todos, no es, como así pretenden prodigar nuestros eunucos político-cerebrales, lo que ha de pertenecer a una casta determinada, ya inferior, ya superior, sino que “lo público”, necesariamente, es la justa correspondencia de a lo que tienen derecho todos los ciudadanos, incluso los gilipollas de la izquierda nacional o los catetos de la derecha más rancia.
Cuando, pues, hablamos de enseñanza o, mejor dicho, “educación pública”, necesariamente debemos remitirnos a las fuentes de la verdad teórica, histórica e, incluso, si se me permite, práctica.
O dicho de otra manera: cuando se habla de “educación pública” lógicamente hacemos referencia al derecho de todos, incluso de los indigentes intelectuales, a obtener los conocimientos suficientes para desenvolverse como un mínimo decoro intelectual por la vida sin caer en el ridículo....hecho, ciertamente, en muchos casos realmente probable.
Pues bien: la no tan reciente tendencia a identificar público con lo laico, hecho que, de por sí, no sólo evidencia la incapacidad intelectual de los que lo afirman, sino, y fundamentalmente, su carácter mezquino, ha ido haciendo mella en nuestra querida masa borreguil que cree a pies juntillas a la “élite intelectual patria” tan en boga en las castradas y no públicas televisiones, antes comerciales, hoy ya privadas.
Resulta así curioso que, entre otras, emisoras propiedad de sátrapas milaneses, defensoras a ultranza de la izquierda más tonta del culo que hasta la fecha haya existido en España, sean precisamente las que, a pesar de su talante cutre-burgués critiquen sin ambages las tesis contrarias a la esquizofrénica y materialista sociedad virtual vigente.
Por ello, es menester concretar para todo aquél que nos quiera escuchar, qué es realmente la educación o instrucción pública y cuáles son o han de ser los parámetros sobre los que necesaria y consistentemente debe moverse.
La instrucción pública, como lo dice su adjetivo, es la enseñanza o el derecho a la formación a la que tienen derecho todos los ciudadanos por el hecho de haber nacido, no ya en un determinado Estado, sino por su propia condición natural.
Por ello, con independencia del lugar de nacimiento, de las condiciones familiares, personales y/o sociales del individuo, éste, por su propia condición natural, es decir, en la mayoría de los casos, humana (que no descarto otras, en otras circunstancias...y a los hechos políticos recientes me remito), tiene un derecho inalienable a que se le proporcione la mínima formación que le permita afrontar con garantías su supervivencia y la de su familia.
Aquí, a simple vista, podría parecer que todos estamos de acuerdo, pero, por desgracia, ni siquiera en lo fundamental, que debería ser la base de la convivencia civilizada, los bárbaros, ésos que confunden un feto con un chorizo o una mujer con una puta, quieren alcanzar acuerdo alguno, tal vez por miedo a que sus ancestros, ésos que dicen que provenían del simio, quedasen en evidencia.
Nadie, pues, en su sano juicio, pone en duda, al día de la fecha, que han de fijarse ciertos parámetros, ciertas bases, sobre las que ha de guiarse, no ya la formación de nuestros infantes, sino, y fundamentalmente, los límites insalvables sobre los que habrá que fundamentar su sustrato humano y moral.
Nadie, pues, repito, en su sano juicio, entiende que tales parámetros deban quedar al arbitrio, prudente o no, de unos pocos, sino de la sociedad en general, materializada en un consenso estatal, plenamente deliberado y consensuado.
No se trata de mayorías que hoy pueden ser y mañana ni siquiera existan, sino de principios básicos, conocimientos mínimos, fundamentos ontológicos sobre los que no debería, al menos en teoría, haber la más mínima duda de su autenticidad y permanencia.
Esto que, en principio, pudiera parecer sencillo, sin embargo, por arte de la incompetencia, más bien ignorancia, de nuestra clase política, se convierte en la piedra angular de una sociedad ya desmembrada, dispersa y abocada, sin ningún género de dudas, a su autodestrucción.
Valores tan básicos como el derecho a la libertad de conciencia, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de creación artística, al derecho a la libertad de expresión dentro del máximo respeto a la esfera íntima del prójimo, sin embargo son cada día más discutidos y discutibles, no por su terminología, sino por su alcance y límites, propio, por cierto, de esa idea tan modernista de la relatividad de la vida y la moral.
Cuando a nuestros jóvenes se les convence de que pueden hacer todo aquello que se les antoje, incluso cuando excede de su propio límite personal, por otro lado se les reprime cuando pretenden simplemente poner en duda, no ya el Sistema, pues al fin y al cabo ya están adoctrinados en el mismo y por el mismo, sino incluso los límites de aquél.
Y surgen así, parece ser, como por arte de magia, unos muy dignos indignados que protestan por todo y contra todos, pero que curiosamente, nunca llegan a poner el dedo en la llaga.
Así, les da lo mismo protestar por el abuso de nuestro sistema financiero que por la supuesta falta de aconfesionalidad del Estado......proponer una tercera república que comulgar con aquellos que en su día, allá por el 20 de Noviembre de 1.936, estuvieron a favor de la pena capital .....afirmar la irrepresentatividad de la clase política y exigirles un cambio en el espíritu parlamentario....abogar por una sociedad económicamente más justa, pero aceptando el despilfarro de dinero público que supone subvencionar a cientos de ONG que lo único que han justificado hasta la fecha es la falta de claridad de sus cuentas....proponer, en fin, una escuela pública y laica, ignorando que los millones de españoles que tienen otra idea de la moral y de la sociedad también forman parte de ella...aunque sólo sea porque sostienen con sus impuestos los escandalosos e injustificados déficits de la Universidad pública y de los cientos de miles de individuos que no han cotizado en su puta vida.
Todo esto, señores, es la realidad, tal vez un poco distorsionada (no en vano nunca he negado mi parcialidad), de nuestra fe infantil sobre unas instituciones que ya fenecieron ha mucho tiempo y que, sin embargo, algunos se empeñan en mantener, aún a costa de que en un tiempo no muy lejano nuestros cachorros no puedan llevarse ni siquiera un mendrugo de pan a la boca.
¿Y a que viene todo este rollo, dirán ustedes?: Pues a lo de siempre, a lo mismo. A la convicción de que para algunos, tal vez por desgracia para muchos, lo público es sinónimo de sinrazón, despilfarro y latrocinio.
No les voy a abrumar con datos ni estadísticas, pero resumiendo la ingente cantidad de datos que me he obligado a cotejar, lo cierto es que la realidad española, al menos en materia educativa pública (es decir: de todos), es como el resto de todo lo que nos rodea: una mierda.
Y, así, cotejando las cifras nos dan los siguientes resultados a nivel nacional:
1.- Porcentaje de alumnado:
- En las llamadas escuelas e instituciones públicas: aproximadamente, el 40%.
- En las escuelas e instituciones concertadas: aproximadamente, el 60%.
2.- Porcentaje o presupuesto de dinero público destinado:
- A las llamadas escuelas o instituciones públicas: aproximadamente, el 68% del presupuesto.
- A las escuelas e instituciones concertadas: aproximadamente, el 32% del presupuesto.
O, si se prefiere: las tan cacareadas instituciones públicas de enseñanza abarcando a tan sólo el 40% del alumnado consumen el 68% del presupuesto educativo.
Por el contrario, las instituciones concertadas, asumiendo el 60% del alumnado, tan sólo se sostienen con el 32% del presupuesto educativo, presupuesto, no lo olvidemos, que sale de nuestro bolsillos.
Cuando los defensores de la “escuela pública, laica y gratuita” sacan sus argumentos a la luz da la sensación, no sólo que son como cacatúas que reiteran la eterna cantinela, sino, y lo que es peor, que no tienen ni puñetera idea de lo que dicen.
Analicemos:
En primer lugar: como ya dije anteriormente, nadie en su sano juicio está en contra de la enseñanza pública; es decir: en el derecho inalienable de todo ser humano a recibir la formación necesaria para poder desarrollarse plenamente, tanto desde el punto de vista intelectual como moral.
Hasta ahí, por lo tanto, existe una plena coincidencia, a salvo, como ya he mentado, con los indigentes intelectuales que confunden lo público con lo estatalizado o, si se prefiere, con cualquiera de los modelos envenenados que hasta la fecha nos han querido aplicar los sucesivos regímenes estalinistas, fascistas o nacionalsocialistas.
En definitiva: público, como sinónimo que es de “todos”, es conforme a la razón y la moral.
Cuestión aparte merecen los otros dos calificativos esgrimidos por la izquierda estalinista o, en otro tiempo, por el Tercer Reich, que pretendían hacernos creer, primero, que la laicidad era sinónimo de libertad, y segundo, que lo público era antónimo de burgués.
Pero me temo que tanto en uno como en otro caso, señores, la progresía nacional se equivoca (por notoria ignorancia o, tal vez, por mala intención) de cabo a rabo.
En primer lugar, es rotunda, radical y absolutamente falso el axioma de que la escuela pública o la enseñanza pública, en general, sea gratuita, sino más bien todo lo contrario.
Nos cuesta a TODOS los españoles un buen riñón de nuestros bolsillos, porcentaje que, lejos de aplicarse a la educación pública de nuestros hijos (es decir: a su derecho fundamental a una formación integral) se “desvía” para la financiación de una serie de instituciones estatales o autonómicas que giran bajo la rueda del capricho del partido político de turno.
La escuela pública, por lo tanto, no sólo no es gratuita, sino, por deficitaria, excesivamente costosa; es decir: es una institución que sirve a la escolarización de unos menores, con unos servicios mediocres, y con un presupuesto de ricos.
Igualmente es rotunda, radical y absolutamente falso el presupuesto de que el nivel del profesorado de la escuela pública sea de primer nivel.
Sí es cierto, no lo niego, que un porcentaje importante del profesorado público ha accedido a su puesto de trabajo por medio de una oposición, oposición que como muchos de mi tiempo sabemos, no siempre han sido transparentes.
En cualquier caso, y presuponiendo la aptitud formativa de tales educadores, ignoro por qué el nivel de la escuela pública tiene tan alto grado de fracaso escolar y un innegable y notorio déficit de conocimientos científicos y/o humanísticos.
No vayan ustedes, en todo caso, a deducir con lo que expuesto que el que suscribe afirme lo que no pretendo afirmar. Simplemente digo, que, al igual que en otros ámbitos o actividades profesionales, tontos y cortitos los hay de todo pelaje y condición, y el hecho de aprobar una oposición no debe servir de presupuesto de capacidad profesional, sino, en último término, de capacidad memorística, que no es lo mismo.
O dicho de otra manera: Si aceptamos la tesis de que todo profesional de la educación en instituciones públicas está plenamente capacitado para ejercer dicha profesión con plenas garantías para su alumnado, y, sin embargo, éste no alcanza el nivel mínimo exigible a todo aquel que debe cumplimenta unos estudios secundarios y/o superiores, estaríamos entonces hablando de, no sólo de negligencia profesional, sino incluso de de posibles comportamientos dolosos.
Por otro lado, no olvidemos, que en España ha habido en los últimos años un importante porcentaje de profesorado interino que ha accedido por mecanismos, digamos, poco ortodoxos o, tal vez, poco ecuánimes para el resto de los opositores, que no pudieron competir en igualdad de condiciones que aquéllos.

Es rotunda, radical y absolutamente falso el axioma de que la escuela pública es independiente y que forma a todos por igual.
No es menester profundizar en este tema, pues los hechos, por sí mismos, evidencia cuál es la realidad: desde el adoctrinamiento político, pasando por la falta de respeto a las creencias morales y religiosas (respeto recogido en el artículo 27 de la Constitución) y concluyendo con el desprestigio y eliminación sistemática de la cultura española.
Pero, señores, lejos de ser todo ello lo únicamente criticable, a mayor abundamiento nos encontramos con que la mayoría de los padres de familia tenemos que lidiar con la desgana de tener que satisfacer el doble de dinero por la educación que queremos que reciban nuestros hijos; es decir: encima de burros, apaleados.
Algunos me dirán: usted si quiere una enseñanza determinada tiene la posibilidad de mandar a su hijo a un colegio privado o, en su caso, concertado.
Pues no, señores, por ahí no paso, y ello por tres motivos:
1.- Porque yo pago impuestos y con mis impuestos que financian los presupuestos generales del Estado que, a su vez, financian la educación de mi hijo, quiero que se dediquen a, precisamente, su educación.
2.- Porque si, a mayor abundamiento, y con independencia del dinero que ya satisfago para financiar la educación de mi hijo, además, dado que la Administración no cubre la totalidad del presupuesto de la enseñanza concertada, tengo que complementar dicho coste, en realidad estoy pagando más dinero por el puesto educativo que ocupa mi hijo.
3.- Porque tengo el derecho constitucional a que el Estado procure a mi hijo la formación moral que esté de acuerdo con mis convicciones, sino mentar, por supuesto, la exigencia del nivel mínimo formativo exigible, hechos que, no sólo están garantizados, como ya he referido, constitucionalmente, sino porque, además, a mi me sale de los cojones.
¿Soluciones?: Para mi la más sencilla sería que, a cargo de los impuestos que satisfacemos tanto mi esposa como yo, y a costa de los presupuestos generales del Estado, éste nos otorgar un cheque escolar que cubriese el gasto educativo y escolar de mi hijo, pudiendo elegir, sin que nadie me tenga que orientar o aconsejar, el colegio público, concertado o privado que me saliese de los pilinguínguilis.
Y dicho lo anterior, y finalizo: Teniendo en cuenta el enorme déficit económico que genera la educación estatalizada, por no hablar del exceso de funcionariado que supone una sangría continua para las arcas públicas, es decir, para mi bolsillo, no estaría de más que a los trabajadores de las escuelas politizadas, en justa correspondencia con el resto de los trabajadores públicos y privados, se les exigiese que trabajasen unas cuantas horas más, redujesen sus excesivos períodos vacacionales y de asueto y, en caso de no estar conformes, que se vayan a la puta calle que, seguro, con el nivel intelectual que tiene encontrarán trabajo en cualquier centro, incluso privado.